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Editorial
Los rectores de las universidades públicas han hablado con claridad en el sentido de que es importante que el Estado no solamente analice el funcionamiento y la inversión de las universidades, sino que pueda encontrarles su viabilidad, de tal manera que se pueda solventar los gastos de funcionamiento e inversión.
Para ello es urgente que las universidades estatales garanticen la formación profesional, la generación de conocimiento y el desarrollo de diversos proyectos de extensión que beneficia a las comunidades en sus territorios.
El Estado debe reconocer los gastos anuales de las universidades públicas para atender una educación de calidad, que contemple recursos de inversión para implementar los planes de desarrollo.
Es urgente trabajar en un nuevo documento Conpes, que se pueda elevar a la ley de la República para tener toda la estructuración económica, social y financiera de la educación superior para Colombia.
Los rectores han elaborado un proyecto de ley para reconocer los gastos anuales de las universidades públicas, y atender sus necesidades.
Han sido 32 universidades públicas que han pedido una reforma para tener esos recursos, pero para ello debe el gobierno dedicarse con una comisión de las universidades a buscar toda esta valoración, que permita reformar la ley de educación superior, ley 30 de 1992, de tal manera que desde el presupuesto de la nación se pueda evaluar cuánto se puede cubrir en los gastos de financiamiento y así como lo dicen las universidades estatales "evitar otra crisis de financiación en el 2023"
Es importante que se valore que ha pasado con los recursos adicionales, que en el presente cuatrienio superan los $4.5 billones para fortalecer las universidades públicas, según acuerdo del gobierno con estudiantes, profesores y rectores en el año 2018. La gratuidad en los próximos 10 años alcanza los $17 billones y en ello es oportuno precisar de qué manera se afectan o no los ingresos de las universidades públicas.
Las universidades tienen un problema grave que tiene que ver con sus cargas prestacionales, la remuneración salarial docente, la productividad y la calidad; el personal administrativo y sus costos, con una carga laboral fuerte y el reforzamiento estructural de sus edificaciones (infraestructura física, que requieren unos recursos adicionales)
Que se abra el debate en Colombia para beneficio del desarrollo social
