Del estado contratista

Por Luz Betty Jime… |
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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


El Estado como organización del poder público no puede funcionar sin un determinado aparato estatal conformado por un conjunto de órganos e instituciones integrados por un número de servidores públicos encargados de desarrollar ciertas funciones establecidas en la Constitución y en la ley.

Esta característica no ha impedido para que en la actualidad se produjeran varios cambios en la composición burocrática del aparato estatal en cuanto a la cantidad y la calidad de los servidores públicos que laboran al frente de la administración del Estado.

la frondosa planta de personal del Estado se ha venido reduciendo sistemáticamente al mismo tiempo que ha crecido exponencialmente la nómina paralela

En este caso se trata de que la frondosa planta de personal del Estado se ha venido reduciendo sistemáticamente al mismo tiempo que ha crecido exponencialmente la nómina paralela de empleados que hoy caracteriza al denominado “Estado contratista”, producto de las alianzas con el sector privado y de los compromisos políticos electorales que establecen los gobernantes en las diferentes regiones del país.

La ciudad de Cali no es ajena a estos cambios que han traído como consecuencia un desbordamiento inusitado del crecimiento de la nómina paralela que en términos generales no está comprometida con la eficiencia, eficacia y moralidad en la prestación del servicio público y mucho menos con la obligación de cumplir con los principios del Estado Social de Derecho y de la función administrativa.

Lo preocupante de todo esto es que el exceso a que se ha llegado está afectando directamente el presupuesto de gastos de funcionamiento de la administración municipal, en tanto se incrementa la nómina paralela a partir de la implementación de una nueva reforma administrativa aprobada el año pasado por el Concejo Municipal y que poco o nada ha servido para mejorar la función administrativa.

Esta práctica reiterada es utilizada para justificar no solo la elevación de los impuestos municipales sino para estimular el clientelismo político y la corrupción que permean algunas de las instituciones y dependencias del municipio de Cali con el consiguiente despilfarro de los recursos públicos y con el pago de costosos contratos muchas veces relacionados con actividades ajenas a la solución de los problemas que aquejan a los caleños.

En la actualidad a la planta de personal de la administración central pertenecen 1304 servidores públicos, mientras tanto los contratos de prestación de servicios con personal externo conocida como la “nómina paralela” asciende a 9.517 personas, que le cuestan a la administración la suma de 245 mil millones de pesos anuales.

La tendencia a disminuir el número de servidores públicos ligados a la carrera administrativa e incrementar la nómina de contratistas del Estado se acrecienta

La tendencia a disminuir el número de servidores públicos ligados a la carrera administrativa e incrementar la nómina de contratistas del Estado se acrecienta en la medida en que se aprueban nuevas reformas de carácter administrativo o se adquieren ciertos compromisos para la ejecución de determinadas obras o la prestación de ciertos servicios que se prestan directamente por los contratistas o a través de las denominadas alianzas público-privadas, o para atender supuestas o reales necesidades de algunos sectores sociales.

Es de advertir que en torno a esta situación no existe un control político efectivo de parte del Concejo Municipal ni de los dirigentes de los partidos políticos que se benefician de la contratación, como tampoco de los organismos de control, lo que conduce a que se creen nuevos focos de corrupción de la cual participan algunos funcionarios públicos. 

ADENDA: ACUERDO ENTRE METROCALI Y OPERADORES DEL MIO: SOSTENIBILIDAD APARENTE

Aunque el acuerdo al que han llegado la administración municipal y los operadores del MIO aparentemente resulta beneficioso para ambas partes, es de advertir que las condiciones del mismo no garantizan hacia el futuro inmediato la sostenibilidad económica y financiera del sistema, pues difícilmente se podrá pasar de 500 mil a 680.000 pasajeros diarios, en tanto que buena parte de los potenciales usuarios utilizan otro tipo de transporte que satisface sus necesidades cotidianas de movilización.

$78 mil millones de pesos anuales y con el cual se costearía la sostenibilidad del sistema y las ganancias de sus inversionistas, no puede legalmente tener un carácter indefinido

Por otra parte, el subsidio que se pretende entregar a los operadores por valor de $78 mil millones de pesos anuales y con el cual se costearía la sostenibilidad del sistema y las ganancias de sus inversionistas, no puede legalmente tener un carácter indefinido sino temporal y además condicionado a que se resuelvan los problemas de los usuarios que se quejan de la insuficiencia de buses en circulación, las fallas en el aire acondicionado, la demora en los tiempos de espera en las estaciones, el mal estado mecánico de los automotores, la inseguridad para los pasajeros, lo que deberá estar consignado en los nuevos contratos con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Plan Nacional de Desarrollo contenido en la ley 1753 de 2015 


Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

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