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Por Benjamín Barney Caldas
Arquitecto de la Universidad de los Andes con maestría en historia de la Universidad del Valle y especializaciones en la San Buenaventura. Ha sido docente en los Andes y en su Taller Internacional de Cartagena; en Cali en Univalle, la San Buenaventura y la Javeriana, en Armenia en La Gran Colombia, en el ISAD en Chihuahua, y continua siéndolo en la Escuela de arquitectura y diseño, Isthmus, en Panamá. Miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Salmona. Escribe en El País desde 1998, y en Caliescribe.com desde 2011
Los espacios urbanos y las edificaciones de toda ciudad son de propiedad pública o privada y su uso igualmente lo es, y en su debido respeto estriba no sólo parte de la calidad de vida en ellas sino igualmente la de la ciudad misma en tanto que son un artefacto financiado y construido por iniciativas públicas como privadas. Relaciones que no tienen lo suficientemente en claro muchos políticos, funcionarios públicos, promotores de vivienda, arquitectos, ciudadanos y ni se diga los habitantes comunes que no votan o venden su voto y con él su futuro y el de la ciudad toda, ignorando el derecho o facultad de poseer algo y poder disponer de ello dentro de los límites
legales, como dice el DLE.
Los espacios urbanos públicos son primero que todo los andenes y calzadas de las calles y avenidas y en estas además sus separadores; luego las terrazas, plazoletas y atrios; las plazas; los pequeños parques de barrio, los grandes parques y los parque metropolitanos compartidos con otros municipios, además de las áreas verdes. Los espacios urbanos privados son los antejardines, jardines y patios; y todos los lotes desocupados, los que deberían de ser áreas verdes en tanto se construya en ellos algún tipo de edificación, permitiendo su uso público al ser cerradas sólo con rejas para permitir verlas o abiertas, pero no áreas desocupadas en medio de la ciudad y peor detrás de un muro.
Las edificaciones públicas son por supuesto y en general para algún uso público, como sedes administrativas, servicios de salud y centros educativos, deportivos y culturales; pero también hay edificaciones públicas para uso privado, como las viviendas que hace el Estado para alquilar facilitando a sus inquilinos ubicarse más cerca de sus trabajos. Por su parte, los edificios privados, la mayoría para vivienda y sitios de trabajo, lo son para un uso solamente privado; sin embargo los destinados al comercio, desde tiendas de esquina hasta grandes centros comerciales y edificios de oficinas o consultorios, lo son para uso público pero reglamentado; y todas las fachadas son públicas.
La propiedad pública de la ciudad es principalmente la de aquellas partes de uso comunitario, como es el caso de los espacios urbanos públicos, los que no pertenecen a un particular y que “son de todos” pero cuya titularidad es representada sólo por las Autoridades Municipales, con derecho a conceder un uso privativo o un permiso para una concesión administrativa particular. Y, lo más importante pero lo más dejado de lado, es gestionar un plan de ordenamiento del territorio [POT] a largo plazo en acuerdo con los intereses comunes de los vecinos, y no apenas los propietarios; o planes parciales ya sea de un determinado sector de la ciudad o de toda esta o de su área metropolitana.
La propiedad privada en la ciudad debe estar siempre supeditada al interés colectivo de sus ciudadanos y por lo tanto subordinada a las Autoridades Municipales que estos han elegido, siempre y cuando lo sean por la mayoría de los que pueden votar y no apenas por la de la minoría de los que votan, como lamentablemente sucede desde hace años en Colombia. Esto ha impedido que sus ciudades sean de todos sus ciudadanos y que sus simples habitantes se conviertan en verdaderos ciudadanos que a su vez son urbanitas que saben para quienes deben ser las ciudades con independencia de quienes son los propietarios de sus partes privadas pero cuyo exterior es público.
