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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Con la Constitución de 1991 surgen los planes de desarrollo plurianuales a cargo del gobierno nacional y territorial y de carácter obligatorio para el sector público, los cuales contienen en su parte general los lineamientos y directrices de la política del gobierno de turno y en su parte especial el plan de inversiones que se traduce en una serie de programas que por lo regular no tienen continuidad en el tiempo y no son evaluadas con la objetividad del caso.
Dicho plan abarca todas las ramas y sectores de la economía al igual que su incidencia en la vida social, política, cultural y espiritual de la sociedad. Y tan solo tienen un carácter indicativo en relación con la economía del sector privado y de la denominada responsabilidad social.
Tanto el consejo nacional de planeación como los concejos territoriales son entes consultivos y su tarea consiste en realizar foros para la discusión de los planes elaborados por el gobierno nacional y territorial.
El plan nacional de inversiones se expide mediante una ley y es utilizado por el gobierno central para modificar el contenido de las leyes y/o suspender sus efectos durante el período de la vigencia del mandato del presidente de la república, quien podrá dictar decretos con fuerza de ley para poner en vigencia el plan en el evento de que no sea aprobado por el congreso de la república.
Por otra parte, el presupuesto anual de rentas y gastos debe elaborarse y ejecutarse conforme al plan nacional de desarrollo para su aprobación en la corporación legislativa.
El plan nacional de desarrollo presentado por el gobierno del presidente Petro a diferencia de los anteriores, recoge las iniciativas de los ciudadanos a través de los denominados “diálogos regionales vinculantes” que se adelantan en todo el territorio nacional desde el mes de septiembre y cuyo objetivo es identificar y planificar las prioridades de las comunidades en lo concerniente a sus necesidades e intereses comunes y la materialización de sus derechos fundamentales constitucionales.
Dicho plan de desarrollo se fundamenta en cinco ejes temáticos y de transformación de la realidad socio-económica, del ordenamiento del territorio, del agua y de la justicia ambiental, de la seguridad humana, de la justicia, de los derechos humanos, a la alimentación, internacionalización, transformación productiva para la vida, acción climática y convergencia regional.
El aludido plan nacional de desarrollo tiene un valor de 1.048 billones de pesos destinados a la inversión teniendo como fuente los recursos provenientes del presupuesto nacional equivalentes al 49% del mismo, aproximadamente la suma de 516.9 billones de pesos; de los cuales 259.5 billones serán transferidos a las entidades territoriales para atender los gastos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, en tanto que por aquellos se proyecta en su conjunto 150.6 billones de pesos, mientras que por las entidades industriales y comerciales del Estado se contará con 65.1 billones de pesos. A su vez por concepto de regalías se tendrán 46.5 billones de pesos disponibles para la ejecución de varios proyectos de trascendencia regional, además de los recursos de cooperación internacional con 9.3 billones de pesos
Igualmente se espera que la inversión privada entre el 2023 y el 2026 sea de 949.7 billones de pesos con los cuales se buscará impulsar el desarrollo social conjuntamente con el Estado. Según se afirma por parte del gobierno nacional el propósito de este plan es lograr reducir las brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país para los cuales se destinarán 459.0 billones de pesos correspondientes al 44% del total de los recursos.
La posibilidad de avanzar en dichos propósitos no deja de ser laudable en tanto que en el imaginario colectivo se crea la idea del bienestar y de la prosperidad general de que trata la Constitución Política de Colombia convertidas en un fin en sí mismo capaz de superar las causas de los problemas que hoy tienen la nación y el mundo capitalista globalizado, relacionados con la crisis económica, el desempleo, la pobreza y la desigualdad social y para lo cual será indispensable acometer una serie de reformas y elaborar planes de desarrollo y presupuestos que en la práctica, si bien es cierto contribuyen a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y de algunos sectores sociales del país de manera temporal y transitoria, no por ello se podrá acabar con la anarquía de la producción, la explotación económica del trabajo y el abuso de la posición dominante de los monopolios en el mercado, lo cual continuará siendo una realidad en medio de la crisis económica, del desempleo, la inflación y el aumento de los impuestos en los países del mundo desarrollado y emergente, al tiempo que las reformas democráticas adquieren un carácter formal y limitado impuestas por el régimen dominante que se prepara para fortalecer el sistema capitalista y debilitar la voluntad de las fuerzas políticas y sociales en su lucha por el cambio social.
Y de ahí que la manera como se ha elaborado el plan nacional de desarrollo dirigida supuestamente a reducir la pobreza a partir de nuevos diseños técnicos con muchas ambiciones y recursos cuantiosos para atender la inversión y el gasto social, no constituyan más que un ropaje con apariencia social que privilegia el imperio de una realidad ilusoria, restringe el juicio de buena parte del pueblo colombiano que fácilmente se deja seducir por las cifras estadísticas y de una porción del conocimiento derivado de las sensaciones que en este caso contribuyen a deformar la propia realidad que se vive en el país.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
