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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La construcción de las políticas públicas en Cali a cargo de la actual administración del alcalde Ospina, no parece obedecer a un verdadero criterio de planificación estratégica de las mismas, en tanto que su programación tan solo tiene un carácter formal o como se dice coloquialmente: “puestas en el papel de principio a fin”.
Al respecto, dichas políticas están diseñadas a partir de un conjunto de proyectos incompletos carentes de una financiación acorde con sus características y elementos presupuestales para su cabal cumplimiento y ejecución.
Por otra parte, el desarrollo de tales políticas públicas en materia de infraestructura, educación, salud, recreación y en favor de determinados sectores sociales, dista mucho del cumplimiento estricto y apegado al ejercicio de la función administrativa que en todo caso tiene que privilegiar los intereses generales por encima de los particulares, ciñéndose a los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad e imparcialidad.
El hecho real es que la elaboración de las políticas públicas se adelanta conjuntamente con diversos sectores particulares de la ciudad, cuyos intereses devienen de su afán de lucro y de la realización de negocios con grandes réditos a su favor.
Y de ahí, el propósito de la administración municipal de realizar todas aquellas acciones económicas y financieras para promover las denominadas alianzas público privadas y vincularlas al desarrollo de nuevas inversiones incluso con el capital extranjero. En este caso se trata de la ejecución de una serie de obras correspondientes al plan de desarrollo que el alcalde Ospina trata de sacar adelante en medio de la crisis económica y sanitaria que padecen la ciudad y sus habitantes.
Ha pasado casi un año desde que los caleños afrontan los efectos de la crisis económica y sanitaria sin precedentes en la historia de la ciudad y sin que hasta la fecha se reduzcan los índices de desempleo, que ha generado que más de 180 mil caleños se encuentren buscando empleo y cerca de 500 mil estén en la informalidad, no obstante los planes de la administración municipal de recuperar la economía de la ciudad y mejorar la condición social de sus habitantes.
A todo lo anterior se suma la inestabilidad institucional por la que atraviesa la administración municipal en manos de un alcalde que cada vez pierde su capacidad de liderazgo y se aleja de las verdaderas necesidades e intereses de la comunidad caleña.
Esta situación se agrava aún más con los problemas heredados de pasadas administraciones, con la degradación sistemática del MIO y el constante impacto ambiental que sufrirá la ciudad de Cali con ocasión del incumplimiento de los contratistas en la ejecución de las obras de la PTAR.
Todo este panorama demanda de un replanteamiento de las políticas públicas y de una priorización de las mismas como de los proyectos y programas aprobados por el Concejo Municipal, para lo cual consideramos desde la VEEDURIA que representamos, la necesidad de constituir un Comité Consultivo con representación de las fuerzas económicas, políticas, sociales, administrativas, culturales y ambientales, como la mejor forma de garantizar la participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan a la comunidad en sus intereses comunes y mas sentidos y en la construcción de políticas púbicas acordes con las condiciones y circunstancias del momento que se vive, con una población sometida a los rigores de la crisis económica y sanitaria que la han hecho mas pobre, insegura y desigual desde el punto de vista económico y social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
