Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La Corte Constitucional acaba de abrirle la puerta a la aspersión aérea con glifosato al flexibilizar los riesgos que pueden causarse a la salud de las personas y del medio ambiente. Como se sabe, la fumigación aérea de los cultivos ilícitos había sido suspendida desde el año 2015 en medio de las discusiones que se adelantaban entre el gobierno del presidente Santos y las FARC-EP en relación con este asunto.
Al respecto el alto tribunal había condicionado el uso del glifosato al cumplimiento estricto de varios requisitos que con la nueva decisión se minimizaron hasta el punto de considerar que de lo que se trata no es de comprobar si el uso del herbicida produce o no un daño en la salud de las personas y del medio ambiente, ya que este asunto según se dice, no tiene un carácter absoluto y en el caso de que se produzca algún daño, lo que debe hacerse es tomar las medidas de mitigación correspondientes. Tarea esta que deberá verificar el Consejo Nacional de Estupefacientes que será la entidad encargada de ordenar la práctica de las fumigaciones con glifosato en aquellas zonas definidas por el gobierno nacional.
Como se podrá observar, ya no se trata de demostrar por parte del gobierno que el glifosato no genera riesgos para la salud y el medio ambiente, con lo cual quedaría revestido de la facultad para decidir sobre su uso de acuerdo con las circunstancias y la voluntad de los cultivadores, que de no llegar a un acuerdo con estos se procederá a la erradicación forzosa la cual terminará imponiéndose motivada por las presiones económicas y políticas, internas e internacionales particularmente del gobierno de los Estados Unidos.
En un comunicado proveniente del Ministerio de Justicia, la ministra del ramo le agradeció a la Corte Constitucional “las precisiones a su fallo del año 2017, que hacía mas riguroso el uso del glifosato en el caso de la aspersión aérea con el herbicida”.
Esto significa que el gobierno del presidente Duque tendrá carta blanca para utilizar la aspersión aérea ya que no tendrá la obligación de demostrar que el glifosato afecta la salud y el medio ambiente, no obstante existir ciertas evidencias que demuestran lo contrario, frente a las cuales el alto tribunal desatendió para acoger el estudio presentado por el gobierno con el cual “se garantiza” que el uso de este herbicida no produce daño en las personas ni en la naturaleza.
En el tratamiento de este asunto de por sí muy complejo la Corte Constitucional se decidió tomar partido en favor del gobierno, en la creencia de que con la aspersión aérea se podrá combatir con eficiencia y eficacia los cultivos ilícitos, en tanto la masa de campesinos sometida a la presión de los narcotraficantes poseedores de grandes extensiones de tierra, no renunciarán a la actividad de la cual derivan sus ingresos para su sostenimiento y el de sus familias, mientras el Estado apenas si cumple a medias con los acuerdos en esta materia, los cuales se reducen a simples ofrecimientos relacionados con la sustitución de los cultivos ilícitos, en tanto que no existen las condiciones ni las garantías reales para el desarrollo de la producción, la distribución y comercialización de los productos de pan coger y de la agroindustria que necesita el país.
Para convertir dicho propósito en una realidad, el Estado debe realizar varias tareas que van desde la creación de nuevas condiciones para el desarrollo de la producción agropecuaria y agroindustrial, hasta el mejoramiento de la situación económica y social de los campesinos, trabajadores del campo, pequeños y medianos agricultores, que hoy no cuentan con una política integral para el campo ni con la voluntad de los gobiernos de sustituir las viejas relaciones económicas, que sirven de base para la explotación del trabajo, la concentración de la tierra y de la riqueza social y el empleo de la violencia como medio de dominación política y social.
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