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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Mucho se comenta por parte de diversos sectores económicos y políticos sobre la necesidad que tienen el gobierno del presidente Petro y su ministro de Hacienda y Crédito Púbico de mantener en lo posible el ritmo del crecimiento económico que durante el segundo semestre del 2022 registró un índice del 12.6% del PIB, constituyéndose en un elemento indispensable para avanzar por los caminos del progreso y del cambio social. Y no obstante los nubarrones que se ciernen en el horizonte local e internacional que amenazan con deteriorar el entorno económico, cuya dinámica resultaría afectada en su conjunto, retrasándose con ello los propósitos de bienestar general en favor de las clases y sectores sociales más vulnerables de la sociedad.
Aunque se mantiene el grado de confianza por parte de varios empresarios en cuanto a que la economía del país seguirá creciendo, el hecho real es que de acuerdo con los pronósticos que se tienen, existe la posibilidad de una recesión a nivel global, la cual parece inevitable dada la existencia de algunos factores que determinan dicho proceso, en tanto que cunde en el ambiente un espíritu de incertidumbre y desconfianza en torno a la visión cortoplacista de algunos economistas y dirigentes políticos que confían en que muy pronto se restablecerá el equilibrio económico y la economía continuará creciendo.
En el caso de nuestra economía a pesar de los altos índices de crecimiento económico determinados por una serie de factores y circunstancias muy particulares creemos que dicho crecimiento no podrá sostenerse en el tiempo más allá de ciertos límites previstos que podrán cambiar en el caso de que no se pueda controlar la inflación y obtener el recaudo esperado de los impuestos a que aspira el gobierno y que de todas maneras no serán suficientes para atender el gasto social, el pago de la deuda pública interna y externa que se acrecienta con la devaluación del peso colombiano frente al dólar, el sostenimiento del aparato estatal, además de los recursos que demandan las inversiones que se requieren para ejecutar toda clase de proyectos y programas de obras, que desde las regiones vienen exigiendo las comunidades como parte del cumplimiento de los compromisos del presidente Petro durante la campaña electoral y ahora, como presidente de la república.
Y de ahí que se haya comenzado a cuestionarse varias de las políticas del gobierno y en particular la que se refiere a la reforma tributaria, en razón del impacto que se causaría sobre el crecimiento de la economía en lo que se califica como una sobrecarga impositiva sobre las empresas, afectándose de esta manera la dinámica económica que se vive en el país y con ello el denominado cambio social con equidad.
Por otra parte, existen serias preocupaciones con los anuncios del gobierno en torno al futuro energético del país, el cual podría estar en grave riesgo por ejemplo, si ante la insuficiencia de los recursos del gas natural que hoy se consume masivamente por parte de la población y de diversos sectores de la producción nacional, el gobierno se viera en la necesidad de importar de otros países dicho combustible; circunstancia ésta que aumentaría sustancialmente su costo y los precios de venta a los consumidores. Amén de que con ésta decisión se afectarían las finanzas de ECOPETROL y la posibilidad de explorar y explotar dicho combustible, a partir de los hallazgos costa afuera de Uchuva1 y Gorgón2, lo cual implicaría no solo renunciar a la autosuficiencia sino, pasar de depender del suministro del gas de otros mercados, lo que por supuesto, no significa en modo alguno no avanzar de manera gradual en el proceso de transición energética hacia la descarbonización, el uso del transporte eléctrico y la terminación de nuestra dependencia de los combustibles fósiles ante el desarrollo sistemático de otras fuentes no contaminantes del medio natural y seguro para los seres humanos.
Este último aspecto es fundamental para asegurar la sostenibilidad ambiental del país al tiempo que el crecimiento económico debe estar dirigido a resolver las necesidades básicas del pueblo colombiano, lo que implica cambiar las políticas de Estado, pensando siempre en la defensa del interés general frente al nuevo colonialismo que ejercen los países del mundo capitalista desarrollado y del poder de los monopolios nacionales y trasnacionales que continúan explotando y apropiándose de los recursos naturales de los países menos desarrollados, mientras que la sociedad reclama nuevas soluciones para sus problemas en medio de la lucha política e ideológica que hoy se libra en el mundo capitalista globalizado
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
