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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La ciudad de Cali atraviesa por una crisis general que va de la mano de la incapacidad y permisibilidad de los gobernantes que muy poco hicieron o hacen para enfrentar los graves problemas que padecen sus habitantes en general.
Dichos problemas han resultado a la postre muy difíciles de resolver de manera adecuada y racional conforme a las normas establecidas en la Constitución y en las leyes en el marco del Estado Social de Derecho.
Lo cierto es que la comunidad caleña padece los abusos de algunos funcionarios públicos que en la práctica se colocan al servicio del interés particular cuando su deber es el de representar y defender los intereses generales del conjunto de los ciudadanos que viven en la ciudad.
Todo esto ha contribuido a crear un ambiente de caos y anarquía que crece cada vez más ante la actitud permisiva de algunos funcionarios que en la práctica han demostrado igualmente su incapacidad para dirigir y administrar una ciudad que como Cali ha entrado en una etapa de declive y de crisis generalizada que tiende a extenderse y a intensificarse en medio de un proceso de descomposición a todos los niveles de la vida social e institucional.
Dicha situación no solos ha generado incertidumbre e inconformidad sino la necesidad de que los caleños exijan de las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones, ya que estos son responsables no solo de violar la Constitución y las leyes sino de omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones Constitucionales y legales.
Lo cierto es que en medio de la incapacidad del gobierno distrital no solo se ha incrementado la inseguridad, crece el trabajo informal, aumenta la anarquía en el transporte y, la movilidad constituye un verdadero caos, sino que se despilfarran los dineros públicos en obras suntuarias no prioritarias y para “cuenta de males” desde la secretaría de Seguridad, del DAGMA y de Planeación se permite la ocupación del espacio público con toda clase de negocios con el argumento de que para tal efecto no se requiere de mayores requisitos según se desprende de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial POT, en tanto que la violación del mismo es un asunto de competencia del inspector de policía de la zona en donde se encuentra el negocio, con lo cual se estaría legitimando la ocupación arbitraria del espacio público, tal como viene sucediendo en el centro de la ciudad, en barrios como el Peñón, Centenario, San Antonio, parque del perro, etc., circunstancia esta que caracteriza la actitud permisiva y negligente de las autoridades del distrito de Cali.
La crisis por la que atraviesan la ciudad y sus habitantes debe generar en la mente de los caleños una nueva conciencia social y política necesaria para comprender la situación a la que se ha llegado y no repetir la historia vivida y padecida por cuenta de unos gobernantes comprometidos con determinados intereses económicos y políticos antes que con la defensa de los intereses del pueblo, en tanto que éste no debe dejarse engañar con las frases y discursos grandilocuentes de los precandidatos y candidatos a la alcaldía y al Concejo Distrital ad portas de las próximas elecciones, sí antes no profundizan en su contenido esencial mediatizado ideológicamente con las propuestas populistas y demagógicas que solo buscan obtener votos para reproducirse en el poder integrado por unas mayorías electorales al servicio de unas minorías políticas y sociales de la ciudad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
