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Efraim del Campo Parra
Politólogo Con maestría en Política (Sheffield, UK), y ciencias políticas y relaciones internacionales (Ginebra, Suiza); consultor en programas de desarrollo económico sostenible para la OIT (Suiza) y la Cámara de Comercio Hispanoamericana de Carolina del Norte. Especialista en desarrollo sostenible y política pública.
Aunque se ha dicho de todo sobre el impacto del COVID-19 en la economía y en la salud de los colombianos, quiero aprovechar este momento para analizar la realidad política y social que estamos viviendo. Es cierto que las últimas semanas han sido un poco anómalas en Colombia, no solo por escándalos políticos que cuestionan las elecciones presidenciales, corrupción en la policía nacional, sino también por las medidas de cuarentena para contener la expansión del COVID-19.
Desde la década de los noventa, varios intelectuales justificaban la disminución –casi que supresión- del Estado benefactor. En aquel entonces era más que evidente (¿o así lo hacían ver?) que el Estado generaba ineficiencias y desbalances en la economía, afectando la distribución eficaz de recursos en la sociedad. Aunque en la crisis de 1999 y 2008 el Estado tuvo un papel fundamental, en Colombia no habíamos vivido una crisis que desnudara la vulnerabilidad social y económica del país. La coyuntura actual que atravesamos exige por primera vez en la historia reciente de Colombia que el Estado no solo se convierta en el motor de la economía nacional (e.g. subsidios a empresas, créditos flexibles, etc.), sino que también muestre su capacidad institucional para satisfacer las urgencias sociales y económicas de los colombianos en tiempo record.
Ciertamente no es un reto fácil el que tiene el Estado colombiano, dada la coyuntura fiscal que atraviesa y la des-gobernanza del ejecutivo. No responder de manera adecuada a las necesidades de los ciudadanos nos puede llevar a consecuencias económicas catastróficas y a un caos social en donde la desobediencia civil impere sobre la ley. Ya lo vivimos el año pasado durante las protestas del 21N, en donde un puñado de personas se aprovecharon y saquearon supermercados y casas, aterrorizando a la ciudadanía.
Es importante recordar que en Colombia el imperio de la ley y el orden son muy frágiles, en especial en aquellas zonas controladas por grupos ilegales/delincuenciales los cuales están presentes tanto en las ciudades como en zonas rurales. No me quiero imaginar lo que puede pasar donde el Estado sea incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población que trabaja en la informalidad o del día a día, la cual representa más de un 50% de nuestra economía. Las consecuencias sociales de la actual coyuntura pueden ser nefastas para la sociedad colombiana si el Estado no pone el debido cuidado y atención a los problemas y urgencias sociales.
En estos momentos difíciles, es necesario que nuestros líderes políticos, sociales y económicos se comprometan más y apoyen a las empresas y sectores sociales más vulnerables. Con esto me refiero a las PyMES y a los más pobres, no a las grandes empresas y bancos. Medidas como las que se han tomado hasta ahora van en la vía correcta, pero no son suficientes. El sector privado tiene que mostrar más compromiso con la sociedad. No es posible que las empresas vallecaucanas más grandes solo aparezcan cuando se les van a reducir impuestos, pero no cuando los vallunos más las necesitamos (e.g. farmacéuticas, ,ingenios, supermercados). A pesar de la angustia que está situación nos pueda estar generando, también es el momento para desplegar la esencia de seres humanos, la cual nos ha permitido responder, sobrevivir y adaptarnos a lo largo de la historia. Por el bien de Colombia, espero que los lideres, las empresas y la sociedad estén a la altura de la coyuntura actual y venidera. Espero no equivocarme.
Adenda 1: que el COVID-19 no nos distraiga de la ñeñepolitica ni de los casos de corrupción en la policía.
Adenda 2: Tal parece que tenemos un simulacro de liderazgo en Colombia.
