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Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
“Quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores”, dice el viejo refrán. Parece que ni en la administración municipal caleña, ni en el Concejo de la ciudad, existiera el interés de conocer el desarrollo fiscal de las últimas décadas.
Comenzando la década de los años noventa, un grupo académico, liderado por la naciente Universidad Icesi, diagnosticaron la crisis fiscal de la ciudad, finalizando esa década. El documento académico recomendaba reducir los egresos por concepto de gastos de funcionamiento, realizar juiciosas actualizaciones prediales, generar cultura de pago en el contribuyente, recaudar las partidas de morosidad de cada uno de los rubros, permitir que las entidades descentralizadas tuvieran autonomía fiscal, ejercer estricto control de las participaciones de la nación y exigir a los entes de control cumplimiento de sus deberes como fiscalizadores del gasto público.
Los primeros alcaldes elegidos por mandato popular, lamentablemente gozaron de periodos muy cortos. De dos años y medio finalizaron en tres años al principio de siglo, hasta que en la primera década fueron extendidos a los cuatro años actuales.
Estos periodos tan cortos hicieron que las administraciones buscaran créditos externos para financiar sus planes de desarrollo y a la vez utilizando la figura de comprometer vigencias futuras. No se ejercieron las recomendaciones del estudio y el sobre endeudamiento llevó a la crisis fiscal anunciada. Finalizando la década de los años noventa la ciudad se vio obligada a someterse a un plan de reorganización fiscal o acuerdo de acreedores.
Dicho Plan no permitió endeudamiento adicional y la banca, el principal acreedor, vigiló el cumplimiento. Adicionalmente, tal y como lo había presagiado el estudio, EMCALI, entidad que tampoco hizo eco a las recomendaciones fue sometida a forzosa intervención por la Superservicios, a raíz del endeudamiento y el desgreño administrativo.
Hace cinco años se cumplió el plazo de veinte años establecido en el Acuerdo, el cual fue cumplido a cabalidad. Las obras de infraestructura tuvieron que ser financiadas a través de contribuciones por valorización, de las cuales aun no se ha recaudado la totalidad y después de trece años, no se completan la mitad de las inicialmente anunciadas.
Nuevamente, el alcalde Ospina, acolitado por la ceguera de los serviles concejales autorizaron hace dos años un empréstito por $ 600 mil millones. Este año, sin aún ejecutarse un 20% del anterior endeudamiento, la administración solicitó un nuevo cupo de endeudamiento cercano a los $ 200 mil millones. En la iniciativa presentada no se detalló el destino de los recursos.
Independientemente a la forma irresponsable en procesos de contratación interadministrativa, la ciudad nuevamente estaría ad portas de un fracaso fiscal, que la llevaría a la inoperancia de futuras administraciones.
La presente semana se conoció la espeluznante cifra de morosidad por concepto de multas de tránsito por $ 794,203 millones, es decir una cifra similar al endeudamiento solicitado por la administración.
La ciudad no necesita nuevo endeudamiento, lo que requiere es manejo prudente y eficiente de sus gastos y cobro de cartera adeudada. La historia se repetirá.
