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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La determinación del alcalde Jorge Ivan Ospina de ejecutar una serie de proyectos con un costo de 175 mil millones de pesos que supuestamente se irrigarán en toda la ciudad para generar “desarrollo”, ha generado en amplios sectores de opinión varios reparos, en tanto consideran que los mismos no mejoran la condición de vida económica y social de los caleños, ni contribuye a recuperar la economía de la ciudad en general, no obstante el carácter loable de algunos de estos como por ejemplo, el relacionado con el propósito de aumentar el número de comedores para atender las necesidades alimenticias de las personas mas vulnerables de la comunidad caleña o de aquel que proporciona capital semilla y de trabajo para reactivar la economía de pequeños emprendedores, trabajadores informales y mipymes, siendo este un propósito que corresponde a los fines esenciales del Estado Social de Derecho de servir a la comunidad y promover el bienestar general según se desprende de la letra y contenido del artículo 2 de la Constitución Política.
Ahora bien, la pregunta que debe hacerse es de sí el proyecto de construcción de un parqueadero subterráneo para albergar 245 vehículos y 99 motos y además construir una plazoleta de comidas al interior de la galería del Alameda, responden en un todo al interés general de los caleños, existiendo de por medio otras necesidades apremiantes que demandan de la atención prioritaria por parte de la administración, relacionadas con el transporte, la movilidad, la salud, la educación, la seguridad, etc.
Además, hasta el momento no se conocen los estudios de factibilidad ni los costos financieros y técnicos que garanticen su ejecución en el tiempo preestablecido, sin que se sucedan los mismos hechos que rodean la ejecución de ciertas obras como las relacionadas con el plan de las 21 megaobras, que después de 12 años no se terminan de construir y a pesar de que muchos de los contribuyentes las pagaron en su totalidad.
En este caso no se descarta la posibilidad de que ciertas obras como las señaladas anteriormente de la transformación del sector de la galería del Alameda y de otras como la realización de las denominadas “jornadas pedagógicas para fortalecer el sentido de apropiación comunitaria” con un costo de 10 mil millones de pesos, obedezcan a ciertos compromisos electorales del alcalde con determinados grupos políticos y sociales que no deben ser atendidos con recursos del presupuesto municipal.
Por lo demás, está claro que las inversiones que se harán con la aprobación de la clase política representada en el Concejo Distrital, poco o nada contribuirán para mejorar la condición económica y social de la comunidad caleña, agobiada por el peso de la crisis económica y de la pandemia del coronavirus, en una ciudad con un alto índice de desempleo e informalidad, mientras los gobernantes de turno se comprometen cada vez más con la construcción de proyectos urbanísticos y de obras viales y de promover la economía de los servicios, que tan solo trae beneficios a un sector minoritario de la población afecta al gobernante, en tanto el grueso de la comunidad padece los rigores de la crisis y del abandono institucional.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
