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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Varias fechas históricas se conmemoran en la ciudad de Cali en el mes de julio, desde la llamada independencia del 3 de julio, la independencia nacional del día 20 y el 487 aniversario de la fundación de la ciudad. Acontecimientos estos que deben llevar a los caleños a realizar un examen y evaluación de la gestión administrativa de las últimas décadas para no quedarse en la repetición de la consabida parada militar con honores a la bandera y al gobernante de turno cuyo discurso político se reduce a exaltar su gestión en lo que considera es el progreso y desarrollo de la ciudad.
Siendo el 25 de julio el cumpleanos de la ciudad de Cali, esta debiera ser una de las grandes ciudades del país en razón de su cultura, el progreso y desarrollo económico-social con sostenibilidad ambiental que garantice el cuidado de los bosques con la reserva forestal y la producción del agua sin contaminantes y con el aire libre de polución.
Lamentablemente no existe de parte de sus dirigentes el interés de realizar una evaluación de las políticas públicas, lideradas desde las organizaciones privadas y sociales a las que se han destinado grandes cantidades de dinero del presupuesto distrital de los últimos años.
En tanto que se destinan ingentes recursos para el embellecimiento de algunas zonas de la ciudad como parques, desconociendo que la Constitución Política determina los parámetros de la función pública como son los de promover y generar el bienestar general, el empleo, la efectividad de los derechos y deberes que contiene la Constitución, además de garantizar la participación de los ciudadanos en todas aquellas decisiones que los afectan directa o indirectamente en su vida económica, política, social, ambiental, etc.
De ahí la importancia del papel que juegan algunos líderes y organizaciones sociales, empeñados en defender el poco patrimonio que le queda a la ciudad, exigiendo a las autoridades sanciones para todos aquellos funcionarios que por acción u omisión han permitido un estado de cosas contrario a la Constitución y a las leyes, tal como ha sucedido con el Colegio de la Sagrada Familia, inmueble este al que le fue alterada su esencia histórica y arquitectónica de su interior además de la edificación de una torre contigua que sobrepasa en varios pisos la altura permitida en el lugar y que sus gestores se niegan a destruir conforme a lo establecido en una resolución de la administración local en el año 2018.
Con la destrucción del patrimonio histórico cultural, arquitectónico y paisajístico de la ciudad se ha venido perdiendo el sentido de pertenencia de los caleños por su ciudad, al tiempo de que con dichas acciones se han beneficiado las empresas constructores y propietarios de bienes inmuebles a quienes poco o nada les interesa la conservación de la memoria histórica de la ciudad a la par con su desarrollo material y espiritual que la distingue de otras ciudades , al igual que al conjunto de sus habitantes.
La crisis por la que atraviesa la ciudad de Cali debe ser abocada cuanto antes por los ciudadanos,conjuntamente con las nuevas autoridades que resulten elegidas en las elecciones del mes de octubre, atendiendo al principio constitucional de la participación democrática y decisoria de todos los caleños que aspiran colectivamente poder enfrentar los problemas y erradicar las causas que los originan.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
