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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Tanto en el preámbulo de la Constitución como en su artículo 13 y en otras disposiciones, se hace referencia al principio de la igualdad declarándose en términos generales que “todas las personas son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos y oportunidades y no pueden ser discriminadas en razón del sexo, raza, origen familiar, edad, idioma, ideología política o religiosa”, a la vez que el Estado se compromete a promover y garantizar las condiciones necesarias para que la igualdad sea compatible con una sociedad mas justa y equitativa en igualdad de ingresos y oportunidades de trabajo entre hombres y mujeres, acceso a la propiedad, la educación, la salud, la vivienda y el ejercicio de los derechos políticos en materia de participación democrática de los ciudadanos en los asuntos del Estado y de la sociedad.
No obstante, dicho compromiso formal ha sido desnaturalizado en la práctica a través de la explotación económica del trabajo, la discriminación social y de género y la exclusión política de los ciudadanos, con lo cual la desigualdad social aparece encubierta bajo la apariencia jurídica del mencionado principio, permitiéndose de esta manera la legitimación de la desigualdad en todas sus formas y expresiones.
En los Estados capitalistas se establecen junto con los derechos individuales y colectivos, económicos y sociales, un cuerpo especial destinado a señalar los deberes de los ciudadanos con la comunidad y el Estado, solo qué de los derechos se apropian las clases económica y políticamente dominantes de la sociedad, dejando en cabeza de los trabajadores y de los sectores medios y populares de la población el compromiso estricto del cumplimiento de la mayor parte de los deberes, rompiéndose de esta manera el equilibrio entre estos dos elementos jurídicos de las relaciones sociales.
Dicho desequilibrio se manifiesta de una parte en la falta de oportunidades para ejercer plenamente los derechos consagrados en la Constitución, leyes y tratados internacionales y de la otra, de las limitaciones impuestas por los gobiernos de los Estados sin que exista ninguna razón ni justificación para impedir el desarrollo de la libertad de acción de los ciudadanos tales como el derecho a la huelga, asociación, negociación sindical objeto de toda clase de restricciones, en tanto que el acceso a una pronta y cumplida justicia, salud, educación, seguridad, también se garantizan a determinados sectores sociales, mientras que la mayor parte de la población queda exenta o padece de las limitaciones de su ejercicio al no crearse las condiciones económicas y sociales para la realización de los derechos, generándose con ello un gran vacío que no podrá llenarse apelando simplemente a la lógica jurídica de la ley y reformas constitucionales o a la creación de institutos estatales o ministerios de la Igualdad, que formalmente plantean la necesidad de que no puedan existir derechos iguales sin deberes iguales, pero que en la práctica dicho principio no se cumple lo que conduce a incrementar la desigualdad social.
Sobre el tema de la igualdad social se tejen toda clase de mitos y conjeturas uno de los cuales plantea que la desigualdad es connatural al ser humano, lo cual constituye una forma cínica de justificar dicho fenómeno particularmente en la actual sociedad capitalista que como en Colombia se ha incrementado notablemente a pesar de que hay quienes se atreven a decir que en la actualidad la sociedad avanza por los caminos de la equidad e igualdad que se crea alrededor del mercado de consumo de bienes y servicios adonde concurren en igualdad de condiciones los individuos pertenecientes a todas las clases y grupos sociales en su condición de consumidores que se relacionan unos con otros sin tener en cuenta sus diferencias sociales. Esta circunstancia no suprime las diferencias de clase en tanto si contribuye a encubrirlas y a afianzar las relaciones en que el sistema se sustenta.
Para otros ideólogos, la educación constituye un factor para acabar con la desigualdad social en cuanto a las posibilidades de nivelación de los individuos no obstante que la inmensa población no cuenta con las oportunidades para capacitarse particularmente en el caso de los hijos de los campesinos, al tiempo que la educación se ha convertido en un negocio privado que impide el acceso de grandes sectores de la población, marcándose una diferencia con aquellos que cuentan con los recursos para estudiar y capacitarse, quedando en claro de esta forma la diferencia y con ello la desigualdad social.
Otros ideólogos consideran que la mejor forma de acabar con la desigualdad social es aumentando los salarios de los trabajadores o imponiéndole nuevos impuestos al capital o por lo menos obligándolo a pagar los existentes. En estos casos no debe ocultarse que los dueños del capital siempre gozan de ciertas ventajas, lo que les permite no pagar la totalidad de sus impuestos, en tanto que la mayor parte de los mismos recaen sobre los sectores medios y populares de la población sobre los cuales se descarga el peso de la tributación, particularmente a través de los impuestos indirectos.
Aunque algunos capitalistas están dispuestos a pagar en determinadas circunstancias un monto mayor de impuestos, estos no tienen ningún reato en trasladarlos a los consumidores a través de los precios de los productos, bienes y servicios que ofrecen en el mercado conjuntamente con las ganancias que reciben por dichos conceptos.
Está claro que mientras no sea posible erradicar las causas que determinan la desigualdad social no será posible construir una sociedad más justa y equitativa libre de la pobreza y de la desigualdad social para lo cual será indispensable asegurar materialmente la igualdad económica y social mediante la cual se garantice un trato igual para todos los individuos de la sociedad lo que no es posible en las condiciones de la sociedad capitalista en donde la igualdad es una ficción y la desigualdad es una ley inexorable derivada de la concentración de la riqueza en pocas manos y de la explotación económica del trabajo.
Lo anterior significa que los trabajadores y los sectores medios y populares deben continuar la lucha social por la defensa de los principios de la igualdad, la democracia económica, política y social, sin caer en las trampas de la democracia formal, el populismo, la demagogia y el reformismo encarnados en las políticas públicas del régimen capitalista para apaciguar los ánimos de las clases y grupos sociales sumidos en la pobreza y la desigualdad social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
