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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Aunque se parte de la base de que las decisiones de las autoridades municipales deben sujetarse a las disposiciones de la Constitución, leyes, decretos, etc., todo parece indicar que en tratándose de la ciudad de Cali, las determinaciones que se toman desde la administración y el Concejo Municipal, no dejan de estar mediatizadas en la práctica por el autoritarismo, la demagogia y el populismo que hoy se imponen particularmente en esta época pre-electoral en que los servidores públicos se aprestan a intervenir en la actividad política electoral, apoyando candidatos propios salidos de su entraña económica, política y social.
De ahí que no sea extraño ver al alcalde de Cali no solo apoyando a determinados candidatos sino haciendo gala de su autoritarismo para imponer la ejecución de un conjunto de obras respecto de las cuales existen toda clase de reparos de parte de la comunidad, o cuando en su afán demagógico y populista les ofrece a los vendedores estacionarios del centro de la ciudad y del parque del acueducto la posibilidad de continuar ocupando indefinidamente el espacio público, en tanto que en el Concejo Municipal se tramita un proyecto de acuerdo sobre su categorización que conlleva en la práctica su desalojo masivo, a la par con el otorgamiento de licencias para ocupar el espacio público en favor de un selecto grupo de vendedores que hacen parte de la clientela política de que disponen los politiqueros de la ciudad.
Lo paradójico del caso es que mientras el Estado policial sanciona a un ciudadano por comprar una empanada a un vendedor estacionario, el alcalde Armitage promueve su ocupación ilegal, antes que ofrecer conjuntamente con el Concejo Municipal una solución real a dichos vendedores acorde con lo establecido en la Constitución y en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, vulnerándose con ello el derecho colectivo al espacio público y dejando a los caleños sin los andenes para transitar. En este caso quién ronda al alcalde que ha violado el numeral 6 del artículo 140 del Código Nacional de Policía y Convivencia, promoviendo y garantizando la ocupación del espacio público?.
Es cierto que el alcalde Armitage durante su mandato no ha reprimido a los vendedores ambulantes y estacionarios y, que también adquirió el compromiso a través de la secretaría respectiva a ejecutar un programa alimentario con destino a algunos sectores vulnerables de la ciudad, todo lo cual hace parte de la política asistencialista sustentada en una falsa solidaridad de corte populista y demagógico.
Por lo demás la disposición del alcalde de construir nuevas escuelas y colegios y de mejorar las condiciones del personal docente, no puede apreciarse como una virtud que sumada al debido reconocimiento de este hecho por sus resultados sea considerado como un ejemplo de humanismo, puesto que tal decisión hace parte de los compromisos adquiridos por el mandatario con base en su programa de gobierno respaldado con el voto de sus electores, además de constituir una obligación en la medida en que el Estado en cabeza de sus gobernantes tiene el deber constitucional de garantizar la educación en favor de los niños y la juventud en general.
Estos casos puntuales no agotan el historial con el cual titulamos nuestra columna, por cuanto desde la subsecretaría de Planeación Municipal se insiste en que el Concejo Municipal debe tramitar cuanto antes el proyecto de acuerdo No: 084 mediante el cual se definen los espacios públicos y de ordenamiento urbanístico que le permitirán a la administración y a las Curadurías otorgar licencias de construcción de edificios de más de dos pisos alrededor de la base Marco Fidel Suárez frente a la cual, el Comandante de dicha institución instauró una acción popular para impedir dicho despropósito que compromete la seguridad aérea del sector y la de sus habitantes, en tanto que ya existe una resolución del Ministerio de Defensa que limita dichas construcciones en un radio de 4 kilómetros a la redonda.
En esta oportunidad se trata de imponer un nuevo régimen de construcción y desarrollo urbanístico que tan solo beneficiará a sus antiguos propietarios en el evento de que se traslade la Base Aérea a otro lugar, lo que generará un grave perjuicio a la ciudad en materia de movilidad y medio ambiente.
Llamamos a los caleños a reflexionar sobre las razones y motivos que tiene la VEEDURIA que representamos en torno a aquellas expresiones contrarias al ejercicio democrático de la función pública, que nos convoca a todos a cumplir con el deber de escoger a los gobernantes que realmente representen y defiendan el interés general en igualdad de condiciones para la comunidad caleña.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
