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Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Recientemente en el Senado de la República fue presentada por los senadores del partido alianza Verde, Jorge Guevara y Yezid Garcia, una iniciativa y posteriormente aprobada por unanimidad la proposición para crear una comisión entre Colombia y Venezuela para normalizar y fortalecer las relaciones bilaterales.
Si bien es cierto la propuesta fue acogida por los congresistas, deja un sabor amargo la intromisión, casi usurpación, del poder legislativo en las funciones propias del poder ejecutivo, de dirigir las relaciones internacionales, como reza constitucionalmente en el Articulo 189, numeral 2 de la carta magna.
El presidente Duque desde su posesión y en compañía durante la primera etapa de su mandato, y actuando como Canciller, Carlos Holmes Trujillo, ha sido reiterativo en desconocer la dictadura de Nicolás Maduro y dar legitimidad al elegido por voto popular presidente interino, Juan Guaidó.
No obstante, Maduro nunca aceptó el triunfo de Guaidó, y por ende no permitió su posesión como presidente, resultando en mantener cerradas las puertas diplomáticas con Venezuela. Tanto el gobierno como el pueblo colombiano han sido solidarios con el desplazamiento de mas de dos millones de venezolanos a Colombia.
Antes de comenzar su primer periodo el dictador Hugo Chávez, las relaciones entre los dos países hermanos bolivarianos, aunque distantes habían sido cordiales. Fue por años el principal socio comercial, registrando exportaciones colombianas cercanas a los US $ 8 mil millones anuales.
Desafortunadamente la equivocada ideología del socialismo del siglo XXI llevó al vecino país de la riqueza a la miseria en dos décadas. Esa misma ideología legitimó las fuerzas revolucionarias colombianas y consecuentemente reconoció el narcotráfico como actividad conexa. En reconocimiento Venezuela fue designada garante de los acuerdos de la Habana del presidente Santos y hoy alberga las disidencias de los grupos armados, convertida en la historia reciente en ubicación privilegiada de apoyo para actividades relacionadas con el narcotráfico y desestabilización democrática hacia Colombia. Desde ese púlpito intocable vociferan Iván Márquez, Romaña, el Paisa, Santrich, abatido en ese territorio, y demás miembros de la Segunda Marquetalia.
Por estas sencillas razones no se entiende como, en forma unánime, el Congreso de la Republica, en su cámara alta, aprueba iniciar diálogos con su homologa Asamblea Nacional Venezolana, desconociendo, y sin consulta previa, al poder ejecutivo. Tampoco se entiende como la presidencia del Senado, a cargo del Senador Conservador Juan Diego Gómez y las bancadas amigas del gobierno aprueban semejante exabrupto.
Una salida en falso, faltando escasamente cuatro meses para elecciones parlamentarias, que deja serios interrogantes de ignorancia, superficialidad, desconocimiento e improbados, pero seguramente intereses ocultos detrás de la iniciativa.
¿Será que nuestros congresistas desconocen la independencia deben gozar las ramas del poder publico?
