Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La protesta social no solo constituye un derecho fundamental de carácter constitucional sino una expresión legítima del ejercicio de la democracia participativa en el marco del Estado Social de Derecho existente en el país.
Esta circunstancia les permitió a los ciudadanos marchar y hacer acto de presencia en todas las plazas de las ciudades recordándoles a los gobernantes que el depositario de la soberanía es el pueblo y que aquellos están obligados a rendirle cuentas de su mandato por la forma y manera como dirigen y administran los asuntos de la sociedad y del Estado, mas aun cuando existen diversos reclamos que justifican el descontento con la gestión de los gobernantes y el rechazo en esta oportunidad, de una serie de medidas económicas y políticas que se acuerdan en los círculos exclusivos del poder y que para esta ocasión el presidente Duque decidió posponer ante la protesta social que convocó no solo a los estudiantes, sindicatos, empleados estatales sino al conjunto de los ciudadanos que viven en lo fundamental de su trabajo y ejercen su actividad laboral en forma independiente como médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, periodistas, agrónomos, veterinarios, etc., técnicos o especialistas en cualquier rama del conocimiento y que en la actualidad padecen los rigores del desempleo, la inseguridad, la mala calidad de los servicios en salud, educación, y la falta de oportunidades para acceder a un trabajo digno y estable, frente a una elite de funcionarios públicos imbuidos en los quehaceres burocráticos, la politiquería, el clientelismo y la contratación oficial matizada con actos de corrupción que les deparan pingues ganancias a sus autores y cómplices.
En este caso la protesta social no se limitó a rechazar la implementación de ciertas reformas de carácter laboral y pensional que vulneran los derechos de los trabajadores asalariados e independientes sino también a protestar por el abuso del gobierno de imponerles a los usuarios de los servicios públicos pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 un valor adicional en la factura de energía con el fin de cubrir los costos de la corrupción en ELECTRICARIBE, o de incrementar el impuesto predial a los mismos estratos en 8 puntos adicionales al IPC, afectándose sustancialmente el patrimonio de grandes sectores medios de la población en tanto, se les reducen los impuestos a los grandes empresarios y multinacionales que operan en el país.
Por otra parte ha quedado clara la doble moral de la clase dirigente y del gobierno que claman porque la protesta social tenga un carácter pacífico, al tiempo que en el país se vive una etapa de violencia y de polarización auspiciadas por el régimen que cobra todos los días la muerte de líderes políticos, sindicales, cívicos, indígenas, campesinos, etc., incluso de mujeres y niños que sucumben bajo el accionar de las bombas del Estado, mientras tanto la violencia no solo proviene de los actores armados y de la delincuencia organizada y narcotraficante sino del propio establecimiento que con su política económica se coloca por encima y en contra de los ciudadanos, que esta vez no se dejan engañar con las promesas sobre el cumplimiento de los acuerdos económicos y políticos, laborales y de paz, etc., cuyo incumplimiento en el inmediato pasado ha hecho que los ciudadanos pierdan la fe y la confianza en sus gobernantes al tiempo que no deben dejarse provocar por las amenazas del Estado policial ni de los anarquistas y terroristas utilizados para deslegitimar la protesta social y generar el caos y la anarquía que tan solo benefician a quienes se oponen a la protesta.
El DIALOGO SOCIAL propuesto por el presidente Duque en su alocución en la noche del viernes 22, es el camino que vienen reclamando los ciudadanos para enfrentar los problemas y dificultades que tiene el país, el cual debe realizarse con la participación democrática de las regiones y con todos los actores de la vida nacional ajenos a la politiquería y a los acuerdos que se imponen desde las alturas del poder con sectores políticos, gremiales o sindicales que no representan ni defienden el interés general sino su propio interés y cuyo resultado deberá plasmarse en leyes, decretos ejecutivos del gobierno nacional, etc.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
