Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La convocatoria urgente de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa no constituye un simple acto de voluntad política, sino una necesidad que se nos impone con el surgimiento de nuevas condiciones de carácter económico, material, político, social y cultural-espiritual, que antes no existían en el contexto general de la sociedad y del Estado Colombiano, particularmente relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz suscritos con la insurgencia de las FARC-EP.
una fuerza renovadora a la democracia como fuente principal del poder social del pueblo frente a las limitaciones
Pero además se trata de imprimirle una fuerza renovadora a la democracia como fuente principal del poder social del pueblo frente a las limitaciones, abusos y deformaciones de la misma, en manos de una clase dirigente autoritaria que ha demostrado ser incapaz de gobernar el país, conforme a los principios, valores e instituciones del Estado Social de Derecho.
En este caso no se trata de renunciar a los principios republicanos ni a las instituciones representativas y mucho menos al ejercicio del conjunto de derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, sino a transformarlas en procura de construir un nuevo orden social y político más justo y equitativo, conforme al cumplimiento de objetivos humanistas como la solidaridad, la igualdad, etc., y haciendo de sus valores componentes indispensables para lograr un modo de vida y bienestar social para todos los colombianos.
Ya no cabe la menor duda de que el Estado Social de Derecho y democrático consignado en la Constitución de 1991 entró en una profunda crisis institucional, no obstante las 46 reformas y contrarreformas que se le han introducido a través de las cuales se refleja de manera directa la lucha competitiva de las clases sociales y de los partidos políticos representados en los órganos del poder y del sistema político de la actual democracia formal impuesta al pueblo colombiano.
Al respecto no hay que olvidar que la mayor parte de las reformas han estado dirigidas a convalidar las políticas neoliberales de los gobiernos de turno, como la de flexibilización y tercerización de las relaciones laborales y el reforzamiento del inequitativo régimen pensional, la conversión de la salud en un negocio privado, la privatización de los servicios públicos domiciliarios, la reducción de los recursos del sistema de participaciones provenientes de la nación en favor de los departamentos y municipios, al igual que las reformas del sistema de regalías dirigidas a fortalecer el poder central del Estado en detrimento de la autonomía e independencia de los entes territoriales en el manejo de sus propios recursos, los cuales quedaron subordinados en materia económica y financiera a las políticas trazadas por el gobierno nacional en cuestiones atinentes a la construcción de grandes proyectos de infraestructura vial (4G) de transporte, ambientales, turísticos, etc.
Por otra parte la reelección presidencial inmediata acogida inicialmente por el presidente Santos, condujo a la concentración y centralización del poder en manos del ejecutivo con gran detrimento para la democracia y sin que hasta el momento fuera posible aprobar una reforma política electoral con el fin de garantizar el ejercicio de la actividad política, particularmente de los partidos de la oposición al gobierno o al régimen político respectivamente.
construir una democracia amplia en el plano económico, político y social
La idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa es la de aprobar una Constitución real y desarrollar por los Constituyentes sus normas fundamentales, de manera que pueda ser utilizada para construir una democracia amplia en el plano económico, político y social mediante la cual se cumpla por ejemplo con aquello de que “el trabajo sea efectivamente un derecho y una obligación a cargo del Estado y que la propiedad privada cumpla su verdadera función social y ecológica” y se garanticen real y materialmente los derechos y libertades de los ciudadanos a quienes se deben incorporar paulatina y sistemáticamente a la dirección, administración, control y vigilancia de los asuntos del Estado y de la sociedad, lo que por supuesto presupone la necesidad de mejorar y perfeccionar los métodos y procedimientos democráticos de escogencia de los gobernantes y de su obligación de rendir cuentas a sus electores y en general resolver los problemas que hoy afrontan la Justicia, la salud, la educación, la vivienda, la inseguridad de los ciudadanos, además de erradicar las causas que en nuestro país generan la discriminación social, racial y de género.
Desde la Veeduría que representamos consideramos que a pesar de las dificultades derivadas de diversos factores políticos y sociales, es posible construir una nueva realidad cuyo contenido difiera de la vieja y desueta sociedad organizada bajo los parámetros de la simple democracia formal que los viejos y nuevos dirigentes de la política no están en capacidad ni en condiciones de representar ni defender conforme a los intereses comunes de la mayoría de los miembros del pueblo colombiano que debe prepararse para construir la paz con justicia social, progreso y bienestar general.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
