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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La abultada deuda interna y externa del Estado colombiano continúa creciendo superando los 804.9 billones de pesos y que como porcentaje del producto interno bruto (PIB) equivale al 51.9% del mismo, según cifras provenientes de la dirección de crédito púbico del ministerio de Hacienda correspondiente a la semana pasada al cierre de los últimos días del mes de agosto.
Así las cosas, se prevé que el déficit fiscal estaría igualmente generando un gran riesgo económico y financiero para el país, en tanto que el gobierno del presidente Petro tendrá que enfrentar una situación muy difícil agravada en este caso por las altísimas tasas de interés y la inflación interna que para el mes de septiembre estarán por encima del 11.1%, determinada en buena medida por las alzas en los precios de la gasolina y del ACPM decretadas por el gobierno, las cuales estarán acompasadas con un menor crecimiento económico y desarrollo social.
Esta circunstancia afectará la posibilidad de financiamiento de los proyectos y programas contenido en el plan nacional de desarrollo concernientes a la inversión y al gasto social y no obstante lo presupuestado para el próximo año equivalente a un poco más de 400 billones de pesos para atender las obligaciones derivadas de la deuda pública y los gastos de funcionamiento del Estado que mantiene una burocracia a nivel nacional cercana al millón doscientos mil servidores públicos y un millón de contratistas del Estado; lo cual tendrá que equilibrarse según palabras del ministro de Hacienda, aumentando los ingresos que se obtendrán del cobro de los impuestos, tasas y contribuciones con la nueva reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República y que según se dice, tendrá que aprobarse tal como está concebida por el gobierno y que desde luego afectará los bolsillos de la clase media y sectores más vulnerables de la población, de pequeños y medianos empresarios y comerciantes, que se han empobrecido en medio de la depreciación económica acentuada con la pandemia del COVID-19
Y de ahí que pongamos en tela de juicio la teoría según la cual con la disminución de los gastos del Estado y el aumento de sus ingresos tributarios y no tributarios se podrá llegar a un cierto equilibrio fiscal que incluso genere un superávit primario en favor del Estado, con lo cual se podrán librar los recursos suficientes para evitar el déficit que golpea las finanzas públicas y la capacidad de inversión y de endeudamiento con la banca nacional e internacional.
Toda esta argumentación de carácter sofístico tiende a encubrir el verdadero contenido de la situación que se vive y se repite acompañada con las recetas de la OCDE que los gobiernos de turno aplican en el país, corroborando así nuestra dependencia del capital financiero internacional que utiliza dicho instrumento de dominación para la exportación de capital de préstamo y la apropiación de los mercados y de las materias primas que se exportan en medio de un intercambio comercial no equivalente de mercancías que afectan los intereses del país y de todos aquellos países subdesarrollados que hacen parte del mundo capitalista globalizado.
No sobra agregar que la propuesta del presiente Gustavo Petro ante la Asamblea General de la ONU relacionada con la disminución de la deuda pública externa que hoy soportan algunos países del continente latinoamericano, a cambio de que estos “realicen las tareas de salvar la humanidad y la vida en el planeta y de cambiar deuda por vida, por naturaleza”, ha sido calificada de compleja de aplicar por diversos sectores económicos y políticos, en tanto que en las condiciones del capitalismo dicha propuesta no encaja dentro de las posibilidades reales y concretas de realización de un nuevo tipo de relaciones que tengan por objeto la ayuda mutua y la cooperación entre los países y pueblos desarrollados y aquellos menos desarrollados, privados de las condiciones necesarias e indispensables para lograr su desarrollo económico y social independiente y autónomo, no condicionado a existir en medio de la pobreza y el subdesarrollo, utilizando para ello a organizaciones como el Fondo Monetario Internacional -FMI-, y el Banco Mundial BM, como instrumentos de presión y avasallamiento tal como ha sucedido en el pasado y en el presente.
La lucha por la emancipación de este nuevo colonialismo de carácter crediticio y financiero que ejercen los países capitalistas desarrollados, no impide para que los países y pueblos en América latina se integren regionalmente bajo una nueva forma de cooperación y de ayuda mutua acorde con sus necesidades e intereses nacionales, que al final de cuentas los libere de la coyunda impuesta por el gran capital con el beneplácito de las clases dirigentes de los países sojuzgados como Colombia.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
