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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El tratamiento de los problemas que hoy afronta la ciudad no va más allá de la aplicación de medidas superficiales que se traducen en simples paliativos que poco o nada contribuyen a erradicar sus verdaderas causas o por lo menos a remover los obstáculos que impidan su agravación en contra de la comunidad caleña.
El problema de la movilidad y de las grandes congestiones vehiculares que se forman en todos los puntos cardinales de la ciudad, se pretenden resolver apelando a medidas como el pico y placa que si bien es cierto contribuyen a reducir el volumen de vehículos en circulación, tan solo disminuyen parcial y transitoriamente las congestiones que no dejan de presentarse, en tanto aumentan los automotores que circulan por estrechas calles y avenidas de la ciudad, muchas de ellas en mal estado y sin que exista una red semafórica que facilite el flujo del parque automotor. Una de las soluciones a este problema sería el de limitar el cupo de vehículos que ingresan a la circulación, con base en una ley que regule esta materia.
Por su parte el Dagma nos entrega un balance de la jornada del día sin carro que se llevó a cabo el jueves 22 de agosto, mediante el cual se afirma haberse logrado reducir los porcentajes de contaminación del aire a niveles aceptables, al tiempo que se disminuyó el ruido en la ciudad que bajó entre 3 y 4 decibeles a pesar de su leve incremento en las horas de la tarde.
El esfuerzo realizado por dicha secretaría encaminado a mejorar y proteger el medio natural y la salud de los caleños, se ha convertido en una moda que se repite en otras ciudades en donde tampoco existe una política integral del medio ambiente, la cual no puede reemplazarse con sucedáneos e improvisaciones con las cuales se pretende enfrentar los efectos negativos que se generan con el crecimiento urbanístico y la proliferación ilimitada de toda clase de vehículos circulando por calles y avenidas sin mayores controles.
Por otra parte, resultan cada vez más evidentes las violaciones del espacio público con la ocupación de las ventas estacionarias y el parqueo de vehículos en los andenes y antiguas zonas verdes de la ciudad, principalmente en el norte y Sur en donde proliferan diversos centros y consultorios médicos y centros comerciales y de servicios, todo lo cual ha sido consentido por las autoridades a quienes se les salió de las manos el control de esta situación constitutiva de una omisión en la aplicación de la Constitución y la ley en el ejercicio de sus funciones administrativas.
Otro de los problemas que padecen la ciudad y sus habitantes lo constituye las invasiones de tierras en las márgenes de los ríos tutelares, los bosques, las zonas verdes, los cerros tutelares, convertidas igualmente en una práctica recurrente especialmente en la parte rural en donde por lo demás avanzan los procesos urbanísticos con la construcción de carreteras como la denominada “vuelta de occidente” y complejos residenciales con los cuales se amplían arbitraria e ilegalmente los límites correspondientes a la reserva forestal y las fuentes hídricas que nutren el acueducto de San Antonio.
A lo anterior se suman la minería ilegal y la tala de bosques con graves perjuicios para el ecosistema natural y los ríos que como el Aguacatal que desemboca en el Río Cali se han convertido en una fuente peligrosa de aguas residuales y de productos químicos provenientes de las antiguas minas de carbón que existen en el sector.
Así mismo, la política de transporte masivo encarnada en el MIO ha constituido un rotundo fracaso económico, financiero y técnico, amén de la inseguridad que se vive con el atraco y el robo de las pertenencias de los pasajeros en las estaciones y en los propios buses, sin que se haya encontrado una solución viable que recupere el sistema de semejante situación, de la cual son responsables no solo el presidente de METROCALI sino las autoridades que han asumido la planeación, dirección y administración del sistema.
Finalmente, la inseguridad que ronda la ciudad no deja de preocupar a los caleños que se sienten huérfanos ante este fenómeno que se extiende cada vez más en la ciudad poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, cuyo tratamiento no se puede reducir al aumento de los agentes de policía ni a la militarización de algunos sectores de la ciudad ni a la existencia de cámaras de seguridad y de detección, sino existe una verdadera política de seguridad que funcione acorde con los intereses y necesidades de los habitantes de esta ciudad en donde el atraco a mano armada, el robo callejero de celulares, el asalto a viviendas y restaurantes y zonas recreativas realizados con el concurso de bandas criminales ligadas al narcotráfico y a la delincuencia común, generan un clima de violencia que atenta contra la convivencia social y el sosiego doméstico de la población caleña, particularmente en determinados sectores de la ciudad.
En torno a los anteriores problemas al pueblo caleño no le queda otra alternativa que demandar de las autoridades su obligación de facilitar la participación democrática de los ciudadanos en la discusión y decisión de las políticas a seguir con el objeto de mitigar los graves problemas por los que atraviesa la ciudad y padecen los caleños.
ADENDA. Desde nuestra columna en este medio de comunicación y como Veedores Ciudadanos hemos denunciado toda clase de hechos arbitrarios e ilegales y de la creciente y desbordada corrupción que hoy es objeto de la denuncia pública, sin que se hubieran tomado las medidas por parte de los órganos de control y vigilancia encargados de adelantar las investigaciones y eventuales sanciones disciplinarias y administrativas. Esta circunstancia compromete no solo a los servidores públicos que profieren los actos administrativos sino a todos aquellos que coadyuvan con su ejecución dichos actos, los cuales tendrán que responder por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones tal como se establece en la Constitución y particularmente en el caso de la contratación en EMCALI la cual ha sido objeto esta semana de la denuncia pública a nivel nacional y por parte de varios de los líderes sociales, concejales y del senador Alexander López, quienes consideran que la responsabilidad debe extenderse a varios funcionarios de la empresa y de la propia administración municipal encabezada por el alcalde Jorge Iván Ospina, situación esta que debe ser analizada, investigada y sancionada por la autoridad competente a la mayor brevedad posible y no como ha sucedido en el pasado en que como se dice coloquialmente “En Cali no pasa nada con los organismos de control y judiciales”.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
