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Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
A escasos siete meses de las elecciones regionales los ciudadanos nos preguntamos por las investigaciones y posibles sanciones de los funcionarios públicos que, no solamente han defraudado la confianza ciudadana, sino que siguen abusando de los recursos del erario.
La ciudad de Cali ha estado en el ojo del huracán nacional, no por sus bondades y atributos citadinos, sino por su lamentable estado de corrupción. No existe dependencia alguna que no haya sido víctima de los depredadores del bien común.
El más relevante escándalo, aun sin avances significativos, ocurrió en EMCALI. Fue más contundente la pesquisa informativa del capitalino W Radio, que los mismos anuncios de la Contraloría General y Procuraduría Nacional. El caleñisimo contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, con apenas pocos días de posesionado, improvisó rueda de prensa, anunció las investigaciones y con la desfachatez propia del funcionario público centralista, regresó a Bogotá, a manera que su responsabilidad terminara ahí.
Como si este escándalo fuera poco, algunos periodistas investigativos lograron establecer que por lo menos el 70% de la contratación de la ciudad se adjudicaba mediante procesos de carácter interadministrativo, es decir “a dedo” sin mediar procesos licitatorios, burlando la norma. Pero el engaño va más allá. Los valores, presupuestos y plazos se fijan convenientemente favoreciendo al escogido adjudicatario.
El reciente fallecido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, fue condenado por el escándalo del “carrusel de contratación” bogotano durante su alcaldía. Los mismos periodistas investigativos han denunciado el “carrusel caleño” en el cual aparece una telaraña de empresas entrelazadas bajo la gobernanza del mismo representante legal. Estos avezados adjudicatarios tienen secuestrada la contratación publica de la administración central y sus entes descentralizados.
Las prórrogas, adiciones, ajustes presupuestales y revisiones a favor del contratista son comunes. La premura y poco tiempo dispuesto en los tiempos para presentar propuestas es parte del maquiavélico plan orquestado para malversar los recursos estatales.
Obras inconclusas, deficientes diseños, anticipos injustificados y suntuarias obras han sido la constante de la administración Ospina.
Se quedan, sin ejecutar e inconclusas, decenas de anunciadas obras, a las cuales el irresponsable concejo municipal otorgó facultades extraordinarias al alcalde, para endeudar y estrangular la ciudad por más de $ 2 billones en vigencias futuras. Cifra que terminaran pagando varias generaciones de caleños.
Y mientras esto ocurre los entes de control locales y nacionales, del anuncio mediático de “apertura de investigación” no avanzaron. Entes con excesivas nominas burocratizadas defendiendo los intereses, no del ciudadano, como es su responsabilidad constitucional, sino los réditos de sus nominadores políticos y de quienes han proporcionado dadivas, para descarriar los procesos.
Que vergüenza. Promesas incumplidas de “acabar con la corrupción”, no por falta de organismos, sino por falta de voluntad política, cultura, principios y valores ciudadanos.
