Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Con la celebración de varios actos que se llevaron a cabo a raíz de la conmemoración del primer aniversario de la firma del acuerdo final de la paz, se advierten la existencia de varias dificultades que de alguna manera la están afectando, la cual no puede depender de los deseos ni de la voluntad política del gobierno de turno como tampoco de los ex combatientes de las FARC-EP, si de manera consecuente no se procede a crear previamente las condiciones materiales y espirituales para el buen suceso de la paz, que deben ser reales y no simplemente formales.
En este último sentido el Congreso de la república viene aprobando una serie de reformas que si bien es cierto son de gran importancia para el desarrollo de la paz, ha dejado de lado la aprobación de otras como por ejemplo la relacionada con la reforma rural que permitirá desconcentrar la propiedad y hacer que se cumpla con el contenido de los acuerdos en esta materia y en especial con la función social y ecológica consagradas en la Constitución Política, tendientes a reducir la pobreza y la desigualdad social en el campo y potenciar su crecimiento y desarrollo encaminados a garantizar la sostenibilidad alimentaria y el progreso económico y social del agro en toda su extensión.
Pero además el Congreso ha sido renuente en aprobar la reforma política que permite ampliar los espacios de la propia competencia electoral en que se ha limitado la lucha competitiva por el acceso o afianzamiento del poder del Estado y a su vez facilitar la participación de otros sectores políticos y sociales en la contienda electoral tratando de hacer realidad el denominado “pluralismo ideológico y político” enajenado en favor de las clases dirigentes del país.
Al final del trayecto legislativo se han quedado al margen diversos aspectos esenciales de la vida de los colombianos como son las soluciones a los problemas de la salud, la justicia, el desempleo, la inseguridad, entre otros asuntos, sin los cuales no podrá haber paz con justicia social.
Así mismo no son pocas las trabas jurídicas mediante las cuales han sido sometidos en su trámite y aprobación algunos proyectos de actos legislativos y leyes como los de la justicia para la paz, la participación política de los excombatientes de las FARC-EP, la creación de nuevas circunscripciones electorales de carácter transitorio para las organizaciones sociales y de victimas del conflicto armado.
En todo caso la construcción de la paz demanda de los sectores democráticos y progresistas el deber moral y político de superar los obstáculos y enfrentar a los sectores que de manera demagógica y populista afirman que la paz solo es posible si se corrigen los errores contenidos en el acuerdo de paz.
Así mismo debemos decir que la posibilidad de la paz dependerá de la actividad que desarrolle el pueblo de la mano de sus dirigentes políticos, sociales y regionales comprometidos con la ampliación de la democracia y el bienestar general de los colombianos.
Por supuesto que somos partidarios de la paz pero con justicia social, no de aquella que surja de las componendas políticas reformistas generadoras de cambios para que todo siga igual y de lograr el apaciguamiento y el apartamiento de las clases y sectores sociales de la lucha social y que aspiran a vivir en paz después de la terminación del conflicto armado para lograr una paz estable y duradera para todos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
