Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
El camino electoral para las elecciones presidenciales de 2018 ha despertado el interés de una treintena de calificados ciudadanos que aspiran a gobernar el país. Todos los partidos que conforman el extenso abanico han acudido a diferentes mecanismos selectivos, perfilando su candidato presidencial.
La norma electoral colombiana contempla varias posibilidades encaminadas hacia una selección democrática de candidatos presidenciales. Ante el fracaso de consultas internas, convenciones, encuestas o sencillamente un acuerdo entre los concursantes, puede acudirse a un mecanismo abierto coordinado por la Registraduría Nacional, conocido como consulta popular, mediante la cual pueden sufragar los ciudadanos inscritos del censo electoral vigente.
El Partido Liberal colombiano, fundado en 1848, ha sido pilar fundamental de la más antigua democracia latinoamericana. Ha librado incontables batallas electorales con el Partido Conversador, fundado un año después. Ambos han escrito la historia democrática del país por casi ciento setenta años.
El Partido Liberal fue el único que se abstuvo de acudir y emplear proceso interno alguno y optó por la Consulta Popular.
Ante la grave situación fiscal por la cual atraviesa el país, el costo de dicha consulta estimada inicialmente en $ 85 mil millones de pesos se redujo a la cifra aproximada de $ 40 mil millones, empleando, tan solo, el 40% de la estructura electoral prevista, reduciéndose de 30 mil mesas de votación a 11 mil.
El valor de la consulta es equivalente a servir 30 millones de desayunos escolares.
Inversión inocua y prolija que podría solventar las necesidades poblacionales del 18% de la población calificada como de extrema pobreza o el 38% de pobreza multidimensional. Recursos con los cuales se pueden construir cuatrocientas viviendas gratuitas, o aliviar el “hueco” pensional, o construir acueductos veredales, o subsidiar programas de sustitución de cultivos ilícitos.
Sin embargo los dos tercos pre-candidatos, el caldense Humberto de la Calle, celebre negociador de los acuerdos de paz de La Habana y el santandereano Juan Fernando Cristo, articulador político e implementador de los acuerdos como Ministro del Interior del Presidente Santos, sometieron al país al oneroso e innecesario gasto de la consulta popular.
El egoísmo e “importaculismo” de los candidatos y las directivas, sumados al cinismo que Ernesto Samper le imprimió al mismo partido, salió como petardo de tiro de culata.
Los dos candidatos y el Partido Liberal se dejaron contar. 700 mil votos o el 2% del censo electoral.
La fuerza institucional del Partido se enterró con los $ 40,000 que gastaron del erario.
Coletilla
¿O sería que buscaban embolsillarse, por reposición de votos, $ 3 mil millones adicionales?
@geulloa
