Editorial
No quiere ser transformador de ciudad
En la resistencia, por la relección
Ha iniciado el Concejo municipal de Cali sesiones extraordinarias, en donde en un unanimismo han reiterado el respaldo político a lo actuado en la aprobación del presupuesto del municipio por $3.5 billones de pesos del pasado mes de noviembre y en ello se incluía un ajuste del impuesto predial y de complementarios, del orden del 20%.
A sabiendas de que esto era de un gran costo político, desde el mes de diciembre se proyectó un papayaso tributario, para atender la exoneración de intereses de mora en los impuestos y las contribuciones, vale decir: predial y complementarios, industria y comercio y valorización. He allí donde el municipio y el Concejo municipal ratifican varias posiciones:
- La de subsidiar el sistema de transporte masivo MIO con una cifra multimillonaria, más de $150,000 millones de pesos en el 2019 desde allí hasta 2029, con una cifra que supera los $1.3 billones de pesos, esto va en contravía de los contratos firmados con operadores de buses, porque el subsidio va directamente a estos contratistas - concesionarios, es decir a ellos, entiéndase a los bancos donde ellos deben la plata. Y eso no fue lo que se pactó en los contratos iniciales, luego este subsidio es un regalo del impuesto de los caleños, que afecta la inversión social y la inversión pública y no permite la transformación de ciudad
- La contribución de valorización en una cifra alrededor de $380.000 millones de pesos, de los cuales el capital es de $120,000 millones de pesos, sobre obras no contratadas y no construidas, vulnerando el acuerdo 297 del 2010, que obliga a liquidar las obras de valorización, porque no pudieron ser construidas en los 2 primeros años y hacer la evolución de dineros por obras no contratadas. Esto es violatorio de las normas.
Así como es violatorio de las normas no tener el diseño definitivo del MIO y el cierre financiero del mismo, adoptado por el acuerdo municipal como lo obliga el acuerdo 224 de 2007. Hábilmente se dice, que se asume el POT como el diseño del MIO, pero eso no es un diseño definitivo de un sistema y es para discutirlo públicamente frente a un Fiscal o un Juez de la República o el operador disciplinario.
POR ELLO, EL CONCEJO DEBE RESPONDER EL LA PETICIÓN CONSTITUCIONAL:
Por que decide el Cabildo, seguir asumiendo las ilegalidades del ejecutivo municipal, que en el MIO y MEGAOBRAS, ya están las evidencias y probadas las irregularidades con evidencias, poniendo en riesgo la estabilidad fiscal del Municipio ?
Se le acabó al Concejo el paseo, de ir en coche, creyendo que la administración es la que asume los costos jurídicos , del mal ejercicio del cargo.
El Concejo como cuerpo de cómplices , socios en ilegalidades, sigue instalado en un espacio de una extrema irracional, en un bloque edilicio ayudándose todos a la re - elección del año 2019, propio de un viejo partido de resistencia, para mantener el poder político ( léase económico) y no se quiere proyectar de ser el cuerpo que coadyuva en la transformación de una ciudad
Y lo peor, no corrige al alcalde Maurice Armitage y su administración municipal, con hechos tan evidentes de vulnerar normas emanadas del mismo Concejo.
Por ello, empieza a asumir las cargas como servidores públicos, de cumplir la CN, la ley y disposiciones reglamentarias, ante los organismos de control y la justicia.
