- 11 vistas
*Guillermo E. Ulloa T.
El vil, cobarde y absurdo atentado al presidente Duque, dos de sus ministros y su comitiva, abordo del helicóptero presidencial en Cúcuta, es un acto demencial que violenta la institucionalidad democrática y autoridad del país. El hecho ha sido repudiado, tanto nacional como globalmente, como el mas grave atentado contra la figura presidencial.
Las armas aparentemente empleadas son fusiles AK-47 o calibre 7-62, tipo FAL, de origen rusa, hoy fabricada en países, que algún día tuvieron relaciones con la antigua Unión Soviética, incluyendo Venezuela y Cuba. Del análisis balístico seguramente se podrá establecer su procedencia, lo cual arrojará pistas de grupos que emplean armas similares.
Afortunadamente no eran las indicadas para hacer daño a la aeronave Black Hawk UH-60, diseñada por su fabricante Sikorsky, para conflictos bélicos y blindada para tal fin.
Estos hechos arrojan la teoría que el atentado es atribuible a la guerra del gobierno nacional contra el narco cultivo y tráfico, de expansión en las zonas más afectadas por el “paro pacifico” del pasado mes de mayo; Cauca, Nariño, Santanderes ( Catatumbo) y Valle del Cauca.
Coincide el hecho con la divulgación y confirmación del informe de la Casa Blanca sobre el incremento del área cultivada en coca en Colombia, la cual pasó de 212,000 a 245,000 hectáreas y una producción de 936 a 1010 toneladas métricas de cocaína, pese al esfuerzo de erradicación manual de 130,000 hectáreas. Ante estos hechos, evidentes y coincidentes, no es explicable las irresponsables y amañadas trabas jurídico administrativas, sumadas a siniestros intereses que impiden la fumigación aérea con glifosato, la práctica más eficaz contra la erradicación del maldito cultivo.
Colombia no puede convertirse en un narco estado, paraíso de impunidad, como lo son Venezuela, Cuba Nicaragua y México. Nuestra soberanía es de respeto continental y la autoridad, puesta en duda, por los vandálicos hechos, financiados por el narcotráfico y la subversión , en las jornadas del “paro pacifico” de abril y mayo, no son negociables.
A la figura del presidente, como a la persona de Iván Duque, quien, como cualquier orgulloso padre de familia, celebraba la primera comunión de su hijo hace pocas semanas, es nuestro deber y responsabilidad como ciudadanos, defender, arropar y solidarizarnos en la lucha contra el narcotráfico.
No hemos perdido, ni perderemos, la lucha contra el mayor flagelo de la humanidad, el insensible consumo de estupefacientes. Combatiremos desde el micro trafico hasta el colosal tráfico de miles de toneladas enviadas a través de los corredores de los departamentos destacados anteriormente, camuflados en equivocadas cosmovisiones y consignas de desigualdad, inequidad y pobreza, aprovechadas hábilmente por disidencias armadas y autoproclamados defensores de derechos humanos y ancestrales de territorialidad.
Lo que hay detrás de todo es narcotráfico, lamentablemente atomizado hoy en cientos de pequeñas células anárquicas, a diferencia de la época de su inicio, controladas con total autoridad y dominio por las organizaciones de los carteles de ese entonces.
