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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Con alguna frecuencia se afirma a través de algunos medios oficiales y privados de comunicación que la situación económica y social de los colombianos está mejorando sustancialmente debido a los esfuerzos de los gobiernos para reducir los índices de pobreza y desigualdad social.
Al respecto se afirma que durante el año 2022 el índice de pobreza multidimensional (alimentos, vivienda, educación, servicios públicos, transporte, etc.), cayó en 12.9% de la población, 3.1% más bajo que el registrado en el 2021, lo que significa que en el país hay 6.6 millones de colombianos en esta condición y que aproximadamente 1.47 millones salieron de dicha situación.
Sin embargo, las cifras no cambian la situación de pobreza de la población del país con más de 20 millones de habitantes en la pobreza y de la cual son responsables los gobiernos de las últimas décadas con sus políticas públicas dirigidas a reducir la pobreza, las cuales no han dejado de ser más que simples paliativos que solo consiguen mínimos y relativos resultados en medio de la creciente pobreza que presenta el país.
En este caso no se trata simplemente de que una porción de la población que antes se encontraba en la pobreza extrema haya mejorado su condición de vida superando relativamente dicho estado, no obstante que hoy se calcula en 13 millones de personas la población en extremo grado de pobreza.
Ahora bien, para la franja que logró salir de la pobreza y de la extrema pobreza los gobiernos de turno les otorgan una serie de subsidios que en la mayoría de los casos resultan insuficientes para atender el conjunto de sus necesidades, en tanto que carecen de ingresos fijos derivados del trabajo, lo que hace que no puedan salir de dicho estado de pobreza y en muchos casos, regresen a la pobreza extrema, en un país en donde las oportunidades de mejorar la condición de vida continúa siendo muy limitada, especialmente para aquellos habitantes que viven en los municipios y regiones más apartados y pobres de Colombia y no tienen la asistencia efectiva del Estado como sucede por ejemplo, en la Guajira, Chocó, etc., aunque también la pobreza en Colombia tiene su asiento en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, en las que los pobres viven del asistencialismo mendicante que les otorga el Estado.
Por su parte, la situación de los campesinos continúa siendo crítica, en tanto carecen de los servicios esenciales, además de los medios e instrumentos para desarrollar la producción de manera competitiva.
El nuevo rostro de la pobreza y de la desigualdad social afloran a la realidad con la presencia de una cantidad relativamente numerosa de trabajadores y profesionales (médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, tecnólogos, comunicadores, etc.), cuyos ingresos no les alcanza para solventar sus necesidades individuales y colectivas.
Las políticas encaminadas a reducir la pobreza y la desigualdad social no han dado los resultados esperados más allá de reducir en un porcentaje mínimo los índices de la pobreza para quienes en lo fundamental viven de su trabajo y en muchos casos tienden a conformarse con las promesas de los propagandistas y voceros de los gobiernos de turno que predican la conciliación de clases como alternativa para resolver los graves problemas que ocasionan la pobreza y la desigualdad social en el país.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
