Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El examen de los hechos y circunstancias que hacen parte de nuestra realidad contaminada con la presencia del COVID-19 es incompleto e insuficiente, si se limita al análisis superficial y externo de lo que realmente sucede en la actualidad en nuestro país.
Por el contrario, si profundizamos en el contenido esencial de nuestra realidad podemos advertir que si bien es cierto el COVID-19 no constituye la causa de nuestros males ni tampoco distingue entre pobres y ricos, si ha permitido sacar a flote el estado de pobreza y desigualdad social por la que atraviesa el pueblo colombiano y que los gobernantes tratan de ocultar o disfrazar con encuestas amañadas que muestran otra cara de dicha realidad.
Así mismo han quedado al descubierto una vez mas las enormes falencias de las autoridades que frente a la necesidad de contener el avance y la expansión del virus, se quedaron cortas ante la posibilidad real de su ingreso al país a través de las personas que entraron a Colombia desde el extranjero y que no fueron sometidas a los controles de rigor. Esto por supuesto ha dificultado la labor titánica de innumerables médicos, enfermeras y personal de apoyo para contener la propagación de esta enfermedad.
Es conocido el hecho de que en nuestra sociedad de clases los colombianos mas pobres y los indigentes, no son los únicos afectados con las consecuencias socio-económicas de la pandemia, en tanto existen otros sectores sociales de pequeños y medianos propietarios, dueños de negocios y de personas que ejercen profesiones liberales que al quedar sin trabajo y por tanto sin ingresos en razón de la cuarentena, también están expuestos a padecer las mismas necesidades para subsistir en medio de la crisis, no obstante las ayudas que desde el gobierno se entregarán por un determinado lapso de tiempo.
Algunos sectores gremiales y de empresarios vienen presionando al presidente Duque para que utilice su poder excepcional dentro de la emergencia económica, social y ecológica y apruebe por decreto lo que podría calificarse como una nueva reforma laboral y pensional, que traería un cambio sustancial en la vida de quienes viven en lo fundamental de su trabajo pero que seguramente no podrán pensionarse, afectándose su condición económica y social y acercándose al umbral de la pobreza y de la desigualdad social, tal como puede suceder con los trabajadores informales que en la actualidad constituyen la mayoría de la masa laboral existente en el país.
De hecho, el grado de vulnerabilidad no se podrá reducir simplemente a los sectores mas pobres de la sociedad estando de por medio cientos de miles de trabajadores que pertenecen a diferentes clases y grupos sociales, que al fin y al cabo se quedaron sin trabajo y sin ingresos y de otros que temen perderlo en medio de la crisis económica y social que viene gestándose desde tiempo atrás y que ahora con el coronavirus cobra toda su fuerza e identidad.
No debe olvidarse que el 10% de los hogares percibe mas del 60% de los ingresos laborales, mientras que el 90% obtiene tan solo el 40% restante, materializándose de esta manera la desigualdad en el ingreso derivado de la concentración de la riqueza en pocas manos, paralelamente con el flagelo del desempleo, la informalidad y la pérdida sistemática de la capacidad de compra del salario de la canasta familiar que sube de precio todos los días.
Resulta relevante establecer que los grandes beneficiarios en tiempos de la pandemia del COVID-19 son los detentadores del poder económico y político de la nación, que en su papel de intermediarios financieros manejaran no solo los dineros públicos sino el ahorro privado de los colombianos. En este sentido el gran capital financiero no permitirá ningún cambio que tenga por objeto romper con aquella sentencia según la cual “si hay pobres es porque también hay ricos”, siendo aquellos los que mas sufren en este caso, con los impactos de las relaciones entre la naturaleza, los seres humanos y la sociedad en que viven.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
