- 45 vistas
Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Se tramitan en el Concejo Distrital entre otros, dos proyectos el 088 de 2021 relacionado con el empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años y el 084 de 2021, atinente a los Derechos Humanos de los ciudadanos en el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones.
El trabajo de los jóvenes.
En cuanto al proyecto 088 se busca generar herramientas para promover políticas orientadas a generar condiciones para el trabajo de los jóvenes.
Aunque dicho proyecto se propone contribuir a la reducción de la informalidad laboral entre los jóvenes que actualmente ni trabajan ni estudian evitándose así, que se conviertan en una carga social y familiar, las posibilidades reales de emplear por lo menos una parte de dichos jóvenes, son muy limitadas en cuanto a la creación de puestos de trabajo estables y duraderos. Y aunque se trata de vincular el mayor número de jóvenes a diversas actividades, incluso relacionadas con los proyectos y programas que contiene el Plan de Desarrollo, la mayor parte de las mismas requieren de una etapa previa de aprendizaje y formación laboral de los jóvenes sin ningún conocimiento ni experiencia y mas aun en la ejecución de trabajos que demandan de cierta capacitación. En este caso no se trata de repetir las experiencias del pasado con la actividad desarrollada por los denominados guardas cívicos que se desempeñaron laboralmente por un corto tiempo sin que por lo demás se hubiera evaluado su trabajo, además del costo que ello significó con cargo al presupuesto de la ciudad que linda con el despilfarro de los recursos públicos.
La estructuración del proyecto en principio cumple con los requisitos de conveniencia y legalidad de carácter formal en cuanto a sus objetivos, fines y herramientas técnico-administrativas, pero el mismo no deja de ser más que una solución “a medias” en su aplicación práctica, en tanto la administración no está en condiciones de financiar su desarrollo de manera continua y permanente y sin que se pueda obtener un resultado óptimo para beneficio de la comunidad ni para el grupo de jóvenes a quienes se les asigne una determinada labor por un período de tiempo limitado para luego volver a su condición de desempleados.
No se discute que la informalidad, el empleo inestable y mal remunerado, y el desempleo en todas las etapas de la vida especialmente de la población en edad de trabajar hasta los 28 años, se han convertido en un flagelo que viene golpeando a la ciudad de Cali, con la utilización del espacio público, las vías y andenes como lugares de trabajo. En tanto la pandemia del COVID-19 con el distanciamiento social sacó a flote los problemas que arrastraba la ciudad y que nunca fueron analizados ni vistos en forma real y objetiva para de esta manera continuar con las medidas facilistas a las que nos tienen acostumbrados desde hace 30 años consistentes en entregar ayudas a los llamados “más pobres” mediante la figura de subsidios, lo que ha conducido al aumento de este sector poblacional y por ende al pago de aquellos, sin que la ciudad adquiera una dinámica productiva y estable con el enganche de nuevos trabajadores y la garantía de su estabilidad laboral, el pago de la totalidad de las prestaciones sociales con su afiliación a la seguridad social integral y salarios dignos.
No mirar ni analizar las verdaderas causas que generan los problemas en la ciudad, nos conducirá una vez más al despilfarro de los dineros públicos en obras no prioritarias ni generadoras de trabajo con mano de obra bien calificada, en tanto sí se destinarán a grupos específicos de la población, los cuales casi siempre están asociados con la clientela política electoral que son aquellos sectores que apoyan a la clase política.
Política pública integral de Derechos Humanos
En relación con el segundo proyecto por medio del cual se dictan los lineamientos para la elaboración de la política pública integral de Derechos Humanos, al quedar sujetos a las contingencias políticas de los gobernantes su cumplimiento termina siendo aplazado en forma indeterminada e indefinida, casi siempre mediatizada por los compromisos adquiridos, cuando no es que se termina limitando o restringiendo su ejercicio, tal como viene sucediendo en la actualidad con la aprobación de una serie de reformas y contrarreformas, tal como parece sucederá con la iniciativa de limitar el ejercicio de la protesta social.
En estas condiciones la aplicación de los Derechos Humanos no deja de ser más que simples declaraciones formales contenidas en la Constitución y cuya implementación en acuerdos se convierten en un saludo a la bandera en una sociedad en donde el ejercicio de los derechos civiles individuales y colectivos resultan imposible de ejercer sin el goce y la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, en tanto no existen las condiciones materiales y objetivas para su realización en favor de los ciudadanos.
Y de ahí que dicho proyecto de acuerdo tenga un carácter más formal que real hasta tanto no se generen los cambios económicos, políticos y sociales que requiere la sociedad en donde por lo demás predomina un desequilibrio entre los derechos y los deberes de los ciudadanos a quienes se les carga todo el peso de las obligaciones, mientras un sector privilegiado de la sociedad goza de todos los derechos y libertades consagradas en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y en las leyes de la República.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
