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Por Carlos Enrique Botero Restrepo
Arquitecto Universidad del Valle; Master en Arquitectura y Diseño Urbano, Washington University in St: Louis.
Profesor Maestro Universitario, Universidad del Valle. Ex Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle (de2012 a 2015) y Director del CITCE (Centro de investigaciones Territorio Construcción Espacio) de 2006 a 2010.
Siendo 28 de diciembre el día en que se divulgó el video mensaje de la gobernadora Dilian Francisca según el cual se declara la suspensión del proyecto de ampliación de la Avenida Cañasgordas entre el Río Pance en Cali y la glorieta de Alfaguara en Jamundí, a pagar vía valorización, quedaba despejada la duda de que no se trataba de una inocentada.
No es muy profundo el mensaje pues no tiene otro objetivo que aliviar la presión y el estrés creados por el proceso de cobro individualizado que se distribuyó predio a predio en medio del jolgorio navideño. Pero más allá de las palabras de la gobernadora es importante al menos recalcar algunos aspectos que, según se lea entre líneas, quedan en el aire a pesar de la manera rápida en que se pasa sobre ellos, o porque simplemente no se los menciona.
Lo primero es la premisa que se asume como indiscutible y es la de la necesidad de la obra. Hay un principio eterno en el comercio y la industria según el cual todo lo que se produce es necesario. De ahí parte su valor de uso y nadie quien adquiera algo en el mercado duda de que lo necesita. Dentro de tal consideración y a partir del pretendido sentido común la ampliación de la vía de marras se dice, se reitera, es necesaria. Y dentro de un elemental principio del planeamiento territorial y urbano un proyecto es necesario a partir de un marco de actuación más amplio que lo incluya como una pieza esencial de un proyecto o plan general.
Ya no es ni siquiera el Plan Integral de Movilidad Urbana –PIMU- para Cali sino un Plan Integral de Movilidad Metropolitana incluido en una AMVACA –Área Metropolitana del sur del Valle y norte del Cauca, planteada en una investigación profunda adelantada y publicada por los profesores de Geografía de la Universidad del Valle, Pedro Martínez y Zaida Liz Patiño- donde se puede fundamentar la necesidad, la pertinencia y oportunidad de un proyecto específico como Cañasgordas ampliada. No puede seguir siendo argumento de los gobiernos regionales y locales la sola afirmación de que se necesita por ser obvia su necesidad. Las consultas cerradas adelantadas por las oficinas gubernamentales, con todo el rigor técnico que se reclamen, no son suficientes para sustentar una decisión de semejante calibre como la de aplicar cobro de valorización a todos aquellos que se supone serían beneficiarios de la obra vial.
ignora la movilización casi espontánea de grupos de población de todos los estratos
Aunque en su mensaje la gobernadora Toro menciona como único motivo de cancelación de la apertura de la licitación correspondiente el que miembros de la comunidad (pocos o muchos) tendrían que enfrentar serias dificultades para pagar pues en el momento están comprometidos con otros pagos (digamos Megaobras de Jorge Iván Ospina) ignora la movilización casi espontánea de grupos de población de todos los estratos que entendieron que no se puede aguantar que se sigan imponiendo tributos para hacer obras que benefician más a los grandes mercaderes de la urbanización de tierras rurales que crece agigantada justo a lo largo de las vías que conectan a Cali con Jamundí. Cabe preguntar: la ampliación de los corredores regionales que conectan a Cali con Palmira, con Candelaria y con Yumbo, se pagaron vía valorización?
Con un poco de discusión en los barrios de Cali demás cabeceras de los municipios que se cree hacen parte de una informal área metropolitana, en los condominios, en los centros poblados, se puede desarrollar la capacidad de la comunidad entera para parar estos procesos inconsultos y abusivos desde los poderes locales y regionales.
le iban a aplicar una tarifa confiscatoria
A Memo Martínez (nombre ficticio para no delatar) guarda de seguridad en Cali, que vive en Potrerito (Jamundí) al pie de la carretera que sube al corregimiento de San Antonio, le había llegado cobro de valorización por $538.000 (quinientos treinta y ocho mil pesos) por poseer un rancho acomodado en un predio de 5 metros por 12 metros cuyo avalúo catastral es de quinientos mil pesos. En términos estrictos le iban a aplicar una tarifa confiscatoria. Memo sobrevive con un salario mínimo del cual, hechos los descuentos respectivos, recibe algo así como los 535 que le iban a cobrar por valorización por efectos de una obra que en nada le mejora la vida y más bien se la acaba de joder.
N R: El legado: El proyecto se cayó por ausencia de viabilidad técnica y económica, pero ante todo por la participación constitucional ciudadana, ante la ausencia inexplicable del Sr Alcalde de Cali, Maurice Armitage y de contera, el de Jamundí.
