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En 2020, la principal causa de muerte de adolescentes y niños en todo el territorio norteamericano fue por las armas de fuego. En un país cuya población ronda los 320 millones de personas, hay en circulación 390 millones de armas de fuego, con su licencia y porte legal, respectivamente.
El Centro para el Control y Prevención para Enfermedades (CDC) de EEUU evidenció que a lo largo de ese año más de 4300 jóvenes murieron por lesiones causadas por armas. Si bien hay un porcentaje considerable de estos jóvenes que usaron estas armas para cometer suicidio (otro complejo y delicado problema en el sistema norteamericano), la gran mayoría de muertes están relacionadas con homicidios.
Las cifras evidencian el problema de una manera más clara: mientras las muertes por suicidios con armas de fuego entre los jóvenes entre 1 y 19 años aumentó 1,1% en función del año anterior (2019), la tasa de homicidios con armas entre la misma población aumentó 33%. La tasa general de muertes por diversos motivos (suicidio, homicidios voluntarios e involuntarios) aumentó en un 29,5%.
La conclusión de esta cifras es que la juventud en Estados Unidos está en un riesgo relativo. Esta conclusión es bastante preocupante en un país en donde la principal causa de muerte de los jóvenes en EEUU ha sido siempre los accidentes automovilísticos, y paralelamente cuando el mercado de armas de fuego sigue al alza.
La violencia armada en EEUU ha aumentado sistemáticamente desde que comenzó la pandemia en 2020, y para los investigadores las razones no son muy claras. Pero es posible identificar una correlación entre este aumento de la violencia y el aumento de adquisición de armas de fuego, pues un estudio publicado por Annals Of Internal Medicine de febrero de 2022 evidencia que 7,5 millones de norteamericanos (poco más del 3% de la población) compró su primera arma entre enero y abril de 2021. Es como si el 80% de la población de Londres se hubiera armado en tan solo 4 meses.
Este aumento exponencial en la compra de armas coloca en una situación de vulnerabilidad y exposición a estos artefactos de manera directa a por lo menos 5 millones de niños en todo el territorio, a la vez que los acreedores de estas armas son civiles -que a pesar de tener un permiso legal de porte y uso- no tienen experiencia en manejo ni cuidado de armas de fuego, como si lo puede tener un agente de la ley.
Por supuesto que también existe una correlación entre el aumento de armas de fuego por parte de estadounidenses en los últimos años, y dos causales sociales que preocupan mucho a la población general: el uso de armas de fuego en las escuelas y accidentes domésticos de homicidios o suicidios involuntarios entre los menores de 19 años.
Sin embargo, la solución primaria atinaba a evaluar el acceso que tienen las personas a las armas de fuego de forma legal, pero esto es un derecho constitucional consagrado en la carta magna, por lo que es una solución bastante discutible.
La problemática atiende más bien a la concepción de seguridad e individualidad que perciben los ciudadanos estadounidenses desde su formación temprana (familiar y académica) -y teniendo en consideración el altísimo porcentaje de jóvenes norteamericanos, en su mahoría negros, que no tienen este tipo de privilegios-, la búsueda de las soluciones se encuentra en las reformas que el gobierno central (federal) pueda adoptar para o limitar el acceso a las armas de fuego a cualquier persona (mediante estudios sociales y psicológicos más profundos), a la institucioanlización de la educación como fuente de conciencia y a las campañas sociales de sensibilización de la responsabilidad de portar un arma de fuego en la misma casa que un menor de edad y las concecuencias que ello implica.
