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Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Los promotores de las “protestas pacificas” del 28 de abril, sentados cómodamente desde sus despachos sindicales, acolitados por extremistas desestabilizadores, que fungen como representantes del pueblo, irresponsablemente llevaron a Cali al extremo de pobreza nacional.
Una ciudad región poblada por millones de migrantes de vecinos departamentos quienes mediante trabajo, sacrificio y tenacidad lograron construir micros, medianas y grandes empresas, vieron como esa actitud irresponsable y prolongada segaban sueños de progreso, desarrollo y equidad.
Dicen, los promotores, representar intereses de la población marginada, sin embargo, gozan de privilegios propios de la otrora burocracia bolchevique. En su obnubilada visión de país, olvidaron los promotores, que el 95% de las empresas son medianas y pequeñas, sobreviviendo una maraña de reglamentaciones, imposiciones y tributos que agobian su prosperidad. Olvidan también que el 55%, por excesivas imposiciones, son informales, cuyo sustento depende de su actividad cotidiana. Si no pueden vender, no pueden comer. Es así de sencillo y real.
La anarquía encontró en Cali elementos para una tormenta perfecta. El egocentrismo delirante del alcalde, enceguecido por la oportunidad de justificar su pensamiento e ideología y con astucia maquiavélica impuso el desorden no ejerciendo la autoridad encomendad por mandato popular. Permitió bloqueos, manifestaciones vandálicas y atropellos, tanto contra la población civil como fuerza publica. Favoreció, mediante insulso diálogo, a un puñado de desadaptados, quienes en lenguaje revolucionario bautizaron algunos lugares como “de resistencia”, empañaron murales con grafitis, camuflados de arte, con detestables consignas falsas contra la convivencia pacifica del resto de la ciudadanía, de paso destruyendo e incinerando la infraestructura de movilidad de la ciudad.
Los resultados de la barbarie y anarquía, cobijados por delirios de torpe grandeza, hoy son realidad. Cali registra el mas alto índice de homicidios del país, incrementado en un 35% en el primer semestre comparado al año anterior. El desempleo registró un 21.4%, tan solo superado por Quibdó. En el mas critico momento del paro, resguardado por la administración municipal, el 36,1% de las entidades planteaba continuar con su actividad económica con toda su capacidad instalada; 36,2% lo haría reduciendo su capacidad; 16,4% cerrarían y 3,6% desarrollarían otra actividad. La pobreza monetaria aumentó en la ciudad registrando el mas alto indicador de desigualdad de los últimos diez años.
Las causas no pueden ser atribuibles a falta de oportunidades, esas mismas que los vandálicos acontecimientos atacaron brutalmente. Tampoco imputadas a falta de educación donde la cobertura municipal es de las mas altas en el contexto nacional. La inequidad e injusticia pregonada por gritos oscuros son mito de ignorancia y paralela explotación de inocentes jóvenes que conforma la primera línea de combate manipulados inclementemente desde convenientes escenarios nacionales.
La ciudad se encuentra en su mas critica encrucijada de sus 485 años de existencia. La ciudad clama por liderazgo, unión y progreso. El estado, y menos el estrangulado fisco municipal, no debe ser provisor de empleo. Contrariamente debe ser generador de condiciones que permitan el libre desarrollo de creatividad del emprendimiento, creando oportunidades de empleo, ojalá formal, a todo nivel.
La ciudad clama Autoridad. Con ella se combate el desempleo e inseguridad. La ciudad elige alcalde para ser gobernada, no para imponer modelos de sublevación y anarquía conceptual.
