Decisiones absurdas

Inicie sesión o registrese para enviar comentarios
18 vistas

Emilio Escobar Gutiérrez

Los pobladores de Cali estamos seriamente amenazados con la carga tóxica que a cada instante entrega el antiguo “basuro” de Navarro al subsuelo y al Río Cauca del cual se surte de agua potable a las tres cuartas partes de nuestros hogares.

Es lamentable que el Alcalde de nuestra ciudad, un caso irredento de megalomanía, quien siendo además médico, haya utilizado abusivamente a espaldas de los ciudadanos aportantes de los dineros del erario, casi NOVENTA MIL MILLONES DE PESOS en un proyecto suntuario como es la remodelación del Estadio “Pascual Guerrero”, buscando su lucimiento personal y quién sabe qué otros beneficios y que hoy, a criterio de muchos, incluido el Vicepresidente de la República, lo tienen casi en la condición de héroe y artífice del resurgimiento de nuestra ciudad, sin tener en cuenta que con menos del treinta por ciento de ese dinero hubiese ya desarrollado la planta de tratamientos de lixiviados de Navarro, cuidando la Salud Pública antes que su imagen y su patrimonio individual.

Bien escribe Demetrio Arabia en su columna del 30 de julio refiriéndose a la enfermiza tendencia de nuestro gobernante de turno: “Seguramente, el Nuevo Latir del mega Alcalde le hizo pensar que la belleza de una ciudad está en su ornato y no en la calidad de vida e sus habitantes y, quizás por eso, prefirió aprovechar la vitrina del Mundial para vender más espectacularidad que realizaciones”. Infortunadamente, en el caso que hoy traemos a cuento, este funcionario prefirió la figuración y las alabanzas de muchos, a la salud de sus gobernados.

Además, produce dolor de ciudadano enterarse de la irresponsabilidad e irrespeto del Secretario de Hacienda Municipal, colaborador muy cercano al alcalde cuando, al referirse a la falta de disponibilidad de recursos económicos para acometer la construcción de la planta de lixiviados por la prohibición del gobierno central de utilizar vigencias futuras, expresa: “No sabemos si desacatar al juez o incumplir la sentencia de la Corte”. Es el caso de un funcionario público que propone desconocer la ley, violar un mandato nacional para resolver un problema que, con toda seguridad, él mismo ayudó a gestar. Merece ser investigado por la justicia y condenado a prisión, lo mismo que todos los personajes que orquestaron la feria de contratos otorgados ilegalmente en la presente administración y
que tienen ya a la ciudad y sus habitantes, en lamentable situación económica.

Muchas veces me he preguntado sobre el “músculo político” que mantiene al alcalde Ospina en el poder local a pesar de sus múltiples errores y atropellos a los preceptos legales (léase Ley 80 de contratación pública) y creo haber encontrado la respuesta al conocer de los elogios públicos que le hace a viva voz el vicepresidente Garzón, más aún cuando a la Presidencia de la República y a los entes de control nacionales se han hecho denuncias escritas y verbales sobre las actuaciones irregulares del mandatario local, sin que se hayan producido las sanciones que le corresponden.