Pena ajena

Por Emilio Escobar |

Por Emilio Escobar Gutiérrez

Registrador General del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez TorresEsta popular expresión refleja exactamente lo que muchas veces se siente ante las declaraciones de algunos funcionarios que, ante monumentales errores en su gestión, tratan  de “explicar” lo que a todas luces es un descomunal absurdo.

Es exactamente lo que sentimos al escuchar por la radio las declaraciones del Registrador General del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres en entrevista en la cual lo enfrentaron al candidato a la Alcaldía de Cali, médico Rodrigo Guerrero Velasco,  sobre el tema de la anulación de inscripciones de éste último y de Susana Correa Borrero.

Con mucha razón, el doctor Guerrero expresaba que, por técnicas de Estadística, cuando se hace un muestreo para realizar un análisis cualquiera, el resultado deberá ser extrapolado al universo o total que constituye el proceso que se estudia para entregar la calificación aproximada de lo que se pretende medir. 

Así, tratando el caso de la doctora Correa, el médico expuso que, de una escogencia de aproximadamente el 45%  de las firmas presentadas por ella, después de la supuesta anulación de las que la Registraduría consideró inválidas, sólo faltaron cerca de 500 para completar las 50.000 requeridas para validar su participación en la próxima contienda electoral. Así, si se aplica una sencilla regla de tres al total de firmas recogidas (aproximadamente 151.000) con lo obtenido en la muestra, el resultado obtenido hubiese superado en mucho la cifra que constituye el límite mínimo definido por la Ley. En pocas palabras, si consultado sólo cerca de 68.000 firmas de las presentadas por la candidata, apenas le faltaron poco menos de 500, del análisis de las 83.000 restantes, es absolutamente seguro que las firmas validadas hubiesen superado con creces las mínimas necesarias.

El doctor Guerrero presentó cerca de 120.000 firmas y, tras el muestreo de la Registraduría sobre menos de un 60% de este total, supuestamente encontraron que las válidas también distaban de la cifra mínima requerida para avalar su candidatura a la alcaldía. El doctor Guerrero, con mucha razón, solicitaba al Registrador que aplicara el porcentaje válido de la muestra, al total del universo de las firmas presentadas para estimar así, con una práctica común en trabajos estadísticos, tema que el médico maneja muy bien por cuanto es docente universitario de esta materia, con la absoluta seguridad de obtener una cantidad muy superior a las 50.000 requeridas.

Lamentablemente, el Registrador Sánchez, sin argumentos válidos, trasegaba entre citas de la Resolución 757 de 2011, del artículo 22 de la Ley 1475 y de la Ley 130, tratando de justificar su decisión de anulación de las candidaturas citadas, aduciendo solamente que obraba en cumplimiento de un procedimiento vigente hace más de diecisiete años y que nunca, hasta ahora, había sido cuestionado por candidato alguno. Además, en forma irrespetuosa, acusaba al doctor Guerrero por haber llenado listados con “planas” (firmas, nombres y números de cédula) elaboradas con la misma caligrafía, o de haber utilizado nombres de personas muertas, encarceladas o inexistentes en el Censo Electoral. Ante el reclamo del candidato de realizar el análisis del total de firmas presentadas y no mediante el mal aplicado “muestreo”, el Registrador le argumentaba que su despacho no tenía tiempo de revisar todas las firmas y “por eso aplicaba sólo lo que dicen las leyes”. Así mismo, se puede colegir que el candidato tampoco tiene tiempo para recoger y verificar tan alta cantidad de firmas, razón por la cual busca a un grupo de personas para que realicen esta tarea con un pago decoroso por su trabajo. Así, es posible que algunos de ellos puedan incurrir en algunas faltas NO IMPUTABLES a quien les ordena la tarea y es por eso que se busca recaudar muchas más firmas que las requeridas, para cubrir el porcentaje de las que resultaren  inaceptables en la obligada revisión que debe hacer la Registraduría.

Ahora bien: una cosa es levantar una encuesta de una tendencia con el simple objeto de informar, y otra es medir la solicitud expresa de una gran parte de la población que quiere tener opciones para ejercer su derecho al voto por el gobernante de su preferencia, en cuyo caso son inadmisibles las muestras parciales que pueden impedir la aceptación del deseo popular. Y, para colmo de males, según últimas declaraciones de  los doctores Guerrero y Correa, ambos recibieron sospechosas propuestas de garantizarles la aprobación por parte de la Registraduría de sus listados de firmas, a cambio de importantes sumas de dinero….¡Bochornoso!

En éste caso, el Registrador dio muestras de desconocimiento de procesos y de razonamiento lógico, escudándose cobardemente en el texto poco claro de unas leyes  que aplica a rajatabla, seguramente utilizando una interpretación inadecuada. En consecuencia, al escucharle, sentimos una gran PENA AJENA  

 


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