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Por Guillermo Ulloa T.
En la formulación, diseño y actual estudio del Plan de Ordenamiento Territorial caleño, por vez primera, se incorpora la figura de la Asociación Publico Privada, como herramienta para la ejecución de proyectos de envergadura de infraestructura de diversa índole. Recientemente legisladas, permiten la vinculación de capital privado como alternativa para desarrollar proyectos donde el Estado, por falta de recursos, no puede ejecutar en el corto plazo.
Como elemento de planificación, la actual administración, conjuntamente con la Cámara de Comercio, tomaron la iniciativa de establecer una alianza estratégica con la firma española EACOM, quien desde 1996, ha desarrollado exitosamente proyectos empleando la misma figura en el viejo continente. Bajo este paraguas se creó la empresa GIP-Pacifico, a modo de agencia de estructuración y monitoreo de proyectos, sucesora de los objetivos de la anterior Fundación para el Desarrollo y la Innovación, FDI.
Actuando como Director de Planeación, el ingeniero civil, Oscar Pardo, hoy Gerente de EMCALI, impulsó la agencia GIP para identificar proyectos de envergadura de ciudad y región, buscando vinculación de capital privado.
Dentro de los proyectos identificados, y en gestación de la agencia, se encuentran la plataforma inteligente de gobierno electrónico, nuevas fuentes hídricas de acueducto y reservorios de EMCALI, alumbrado público, escombreras, corredor ambiental del Rio Cali, renovación urbana, red de parqueaderos, corredor verde, ciudadela Calida, estaciones del MIO, Plan Jarillon Rio Cauca, entre otros. Este último, quizás el más avanzado cuenta con recursos del Fondo de Adaptación y la vinculación de Emcali, CVC y Comfandi.
Otros proyectos que contemplarían la figura de APP son el anillo perimetral que busca mejorar la infraestructura de conexión vial en etapa de estructuración, a cargo de la firma española CINTRA y el desembotellamiento vial de la comuna 22, presentado por la firma de ingeniería local SAINC.
El municipio de Cali, como líder natural del grupo de once municipios, conocido como el G-11, pondrá a disposición la experiencia en estructuración y monitoreo de proyectos para identificar otras iniciativas de interés regional.
Como plataforma innovadora las Asociaciones Publico Privadas, deben mantener un marco jurídico y procedimental, que permitan total transparencia en la selección del asociado privado. Los estudios, análisis de conveniencia, rentabilidades y participaciones deben ser objeto de profundo análisis, con el fin de llevar exitosamente los proyectos, evitando socializar las pérdidas a cargo del estado y las utilidades transferidas al aportante privado.
Importante definir quien ejercerá el control fiscal y el control político. ¿Serán los entes de control del estado o se acudirá a reconocidas firmas auditoras e interventoras externas? ¿Ejercerán los concejos municipales o asambleas departamentales control político o serán sometidas a vigilancia especial a cargo de agencias del gobierno central? ¿Seguirá actuando como prerrogativa de estructuración la agencia GIP o se permitirá la presentación de otras entidades de estructuración y banca de inversión en el concurso de los proyectos identificados?
Son apenas algunas inquietudes que deben ser ventiladas en la actual coyuntura de análisis del POT con el fin de fundamentar la base de la más poderosa herramienta de contratación legislada recientemente.
Sería inaudito que se esté cambiando la figura de contratos interinstitucionales, como los empleados por la administración anterior, a través de la EMRU, para obviar transparencia, objetividad y garantías a favor del estado, principios consignados en la Ley 80.
@geulloa
