El POT y sus beneficiarios

Veeduría ciudadana por la democracia y la convivencia social

Por Luz B. Jiménez - Pablo Borrero

Ad portas de aprobarse el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por el Concejo Municipal o de expedirse por decreto del Alcalde en caso de que dicha instancia no adopte decisión alguna según se establece en el Art. 8 del documento 4002 de 2004, su aplicación práctica no garantizará un desarrollo equilibrado, racional y armónico del conjunto de los elementos estructurantes del territorio relacionados con el manejo y protección del patrimonio ecológico y cultural, la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, la preservación y ampliación del espacio público, la conservación del patrimonio histórico y cultural,  la movilidad, la reducción del déficit habitacional, la expansión urbanística y de los servicios públicos, que conjuntamente con los usos del suelo han generado en el inmediato pasado un crecimiento irregular y anárquico de la ciudad, ocasionando toda clase de desequilibrios urbanísticos y desigualdades sociales en el trato hacia los ciudadanos.

Dicho plan no deja de ser más que un pronóstico que no cuenta con los estudios previos y necesarios para planificar y ordenar el suelo urbano y rural, con base en los cuales la administración municipal predice el orden y desarrollo que se debe adoptar en relación con el territorio en consonancia con las tendencias urbanísticas determinadas por el mercado inmobiliario y las políticas públicas neo liberales de los gobernantes de turno, cuyo papel es el de acompasar dichas tendencias con los intereses de los dueños de la tierra, urbanizadores, comerciantes de propiedad raíz, banqueros y contratistas del Estado, quienes son en última instancia los que imponen las decisiones sobre el futuro de la ciudad, todo lo cual hace imposible la conformación y ejecución de un verdadero plan de ordenamiento territorial ajustado a los principios de la función social y ecológica de la propiedad del suelo urbano y rural, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y de los beneficios derivados del uso, usufructo y disfrute del territorio.

Por otra parte el citado plan se apoya para efecto de su estructuración y ejecución en supuestos fácticos de carácter técnico y econométrico, lo cual no deja de ser más que una ilustración de lo que puede ocurrir en el futuro sí el desarrollo urbanístico evoluciona en correspondencia con las hipótesis y normativas que le sirven de base al modelo adoptado y hoy sometido a su aprobación. Un ejemplo de esta circunstancia lo constituye la propensión de combinar artificialmente los procesos de expansión urbana en el corredor Cali-Jamundí-Navarro con los de redensificación en el centro de la ciudad en lo que se conoce como ciudad Paraíso y con la autorización de construir grandes complejos urbanísticos y eco-turísticos en los cerros y en la zona rural que sin lugar a dudas afectarán el entorno ambiental y las fuentes hídricas que nutren los ríos de la ciudad. Un análisis de tales pronósticos nos lleva a la convicción de que por ejemplo no se podrá reducir el déficit habitacional de la ciudad, en tanto que se busca estimular el crecimiento de vivienda nueva, con miras a elevar el precio del metro cuadrado de la tierra que hoy crece por debajo de las expectativas e intereses particulares de aquellos sectores comprometidos con el negocio de la propiedad inmobiliaria, que a su turno son apoyados y respaldados por la administración municipal y puestos en marcha a través de las denominadas alianzas público privadas que como en el caso de Ciudad Paraíso han generado un desplazamiento de pequeños y medianos propietarios y comerciantes de sus predios.

El proyecto de acuerdo del POT no corrige las falencias del actual, reduciéndose a enumerar sus aspectos negativos y positivos para continuar con los desarrollos previstos en las normas generales y paradójicamente impulsar proyectos de transporte público como el MIO que no están contemplados en el POT vigente y que se convirtieron en un factor distorsionante del desarrollo urbanístico del centro de la ciudad, alrededor del cual se prevé la implementación de una nueva infraestructura de vivienda y afines con la economía de los servicios y el comercio.

Hasta la presente no se conoce cuál será el costo real que habrá que invertir en la construcción de la nueva ciudad. Lo que sí está claro es que su construcción tendrá que financiarse a partir del aumento de los impuestos predial, industria y comercio y la contribución de valorización, según se desprende de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo en mención, lo cual hará ilusoria la concreción y su desarrollo, dadas las condiciones económicas y financieras por las que atraviesan las finanzas del municipio y las posibilidades reales de recaudo de  los impuestos para atender los diferentes proyectos y programas parciales de carácter urbanístico.

En el caso de aprobarse el proyecto de acuerdo 074 con las modificaciones introducidas en su texto en materia de cobro de peajes, prohibición de construir gradas en los antejardines, adopción de un plan maestro de ciclorutas y zonas de estacionamiento, medidas relacionadas con el cambio climático, etc., es evidente que dichas modificaciones no afectarán su esencia plasmada en dicho proyecto, en donde se plantea la construcción de una Cali convertida en el centro de la nueva aglomeración regional con ciudades satélites como Yumbo, Jamundí, Palmira, todo ello dentro del marco de los TLC, la Alianza Pacífico, el G-11 (contrato plan), destinados a incrementar el comercio de toda clase de mercaderías, productos del exterior y de la exportación de bienes y servicios intermedios provenientes de la industria maquiladora agenciada por la inversión extranjera con la anuencia del Estado colombiano, lo que significará para los ciudadanos caleños vivir en medio de una ciudad muy costosa de servicios con destino al consumo masivo, trabajo tercerizado e informal, en donde por lo demás cunde la inseguridad, la corrupción y el manejo autoritario de las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo social, que poco ó nada tienen que ver con los verdaderos intereses y necesidades comunes de la población caleña y vallecaucana.