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Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
El POT contempla algunas iniciativas para aliviar el déficit de parqueo en la ciudad, se han identificado algunos lugares donde podrían construirse, mediante Asociaciones Públicas Privadas, estacionamientos subterráneos concesionados. Los sitios que presentan mayor dificultad y menor oferta son los barrios del Centenario, San Vicente, Versalles, Santa Mónica, Tequendama, Granada, San Antonio, el Peñón y el centro tradicional.
El municipio queda facultado para aportar terrenos de uso público, especialmente el subsuelo de algunas plazoletas, con el fin de mejorar la oferta en los sitios previamente identificados. Complementariamente a esta iniciativa se reactivaría nuevamente la posibilidad de concesionar parte de las calzadas viales convirtiéndolas en zonas “azules”, mediante el sistema de parquímetros.
Hace 18 años, Bogotá concesionó zonas a 20 años, a través del Instituto para el Desarrollo Urbano del Distrito Capital, IDU. En la estructuración de estos proyectos se estableció la figura compensatoria de “Ingresos Mínimos”, el compromiso garantizaba a favor del privado, el retorno de su inversión asumiendo el Distrito la diferencia.
En los primeros siete años de operación de parqueaderos concesionados, el Distrito asumió con cargo al erario público, el 66% del total de ingresos como “cobertura de ingresos mínimos”, contractualmente acordados, aliviando o “socializando” las pérdidas de la operación del concesionario privado.
La experiencia bogotana en parqueaderos concesionados al igual que las concesiones viales en Colombia, ha dejado amarguras. Aunque se da solución a problemas deficitarios de infraestructura el inversionista privado garantiza el retorno de los recursos comprometidos, si no se cumple lo proyectado, el usuario termina pagando un mayor valor, el estado asume la pérdida y a veces se ve obligado a extender el tiempo inicial de concesión.
En el caso de la iniciativa de “parquímetros” puede ocurrir el mismo descalabro aplicable a otros tipos de concesiones, con el agravante de haber cedido a favor del concesionario, espacio vital de circulación peatonal o para otros medios de transporte como bici carriles o moto carriles.
Tratándose del subsuelo y por ende espacio público, no sujeto a impuestos locales, ya existe un alivio fiscal. Bajo esta óptica, es momento de analizar si en vez de estructurar este tipo de iniciativa para Cali, sería preferible introducir beneficios fiscales y tributarios incentivando la construcción de parqueaderos en altura, dejando al inversionista privado la responsabilidad de la estructuración y viabilidad económica.
Un efectivo beneficio fiscal en zonas, determinadas por la Administración Municipal, que presentan alto déficit de parqueo y aquellas aledañas al sistema integrado de transporte masivo, buscando integralidad de otros actores intermodales de transporte, podría solucionar en forma más sencilla y lógica el problema, sin comprometer recursos en figuras de concesiones, donde es común que las pérdidas operacionales son a cargo del estado y las utilidades son del inversionista privado.
@geulloa
