Reforma política y mitos del poder

Por Luz Betty Jiménez – Pablo Borrero

Uno de los mitos de la democracia liberal lo constituye la denominada división de poderes en tres ramas: -legislativa, ejecutiva y judicial-, encargadas de cumplir funciones separadas pero colaborándose armónicamente en la realización de sus objetivos y fines institucionales. De esta forma se crea la ilusión de que en efecto existen tres poderes independientes y autónomos, cuando en la realidad el poder es uno solo en manos de la clase dirigente. El otro mito radica en el supuesto de que existe “equilibrio de poderes”, en tanto que en la práctica el poder real se concentra y centraliza en el ejecutivo, mientras el poder legislativo pierde peso político dentro del concierto institucional y el poder judicial se convierte en un apéndice del ejecutivo. Igualmente existe el mito según el cual el “poder controla al poder” garantizado con la existencia de pesos y contrapesos que generan un adecuado balance político e institucional ajeno a la lucha competitiva por el poder, que en nuestro caso se expresa en el denominado “choque de trenes” entre el gobierno y las altas cortes y entre estas y el Congreso de la República.

Todo esto encaja perfectamente dentro del ambiente que hoy se vive en el país con la reforma presentada por el presidente Santos de “equilibrio de poderes”, que algunos columnistas han calificado como “desequilibrio de poderes” y con la cual se busca resolver parcialmente las dificultades y contradicciones al interior del aparato del Estado en las alturas del poder propiamente dicho.

La citada reforma contiene diversos aspectos de carácter político, electoral e institucional que van desde la prohibición de la reelección presidencial y de otros funcionarios del Estado, pasando por la conformación de un tribunal de aforados encargado de juzgar a ciertos servidores públicos hasta la implementación del voto obligatorio, las listas cerradas, la abolición de la circunscripción nacional, la eliminación del voto preferente, etc., con base en los cuales se mantendrán ciertos privilegios y complicidades que caracterizan la llamada democracia más antigua del continente americano.

En medio de la citada reforma se abre paso la constitución del tribunal de aforados elegido por el congreso de ternas presentadas por el presidente, las altas cortes y el senado de la república para investigar y/ó juzgar a quienes participan directa ó indirectamente de su conformación, de tal manera que la función de justicia del tribunal termina identificándose con el interés de parte de los presuntos involucrados con las investigaciones ó juzgamiento de sus conductas de carácter disciplinario ó penal. Así las cosas tenemos que el propio presidente de la República y los magistrados de las altas cortes se beneficiarán con esta reforma, en momentos en que los ciudadanos exigen que dichos funcionarios rindan cuentas de su gestión y respondan por determinados hechos bochornosos ó con la comisión de delitos penales. Pero además de acuerdo con la reforma el ejecutivo podrá intervenir indirectamente en la elección de los miembros de las altas Cortes, apelando para ello a la mayoría de los partidos de la Unidad Nacional en el Congreso, lo que le permitirá un control efectivo a posteriori del poder judicial que se verá necesariamente sometido a las políticas convertidas en leyes del gobernante.

Una verdadera reforma política e institucional que nos permita avanzar por los caminos de la democracia completa e integral, implica ante todo desmontar los inmensos poderes que ostenta el ejecutivo, que además de fungir como jefe de Estado, gobierno y suprema autoridad administrativa tendrá de aprobarse dicha reforma, la posibilidad de monopolizar el ejercicio del poder electoral para el caso de que se unifiquen los períodos electorales de presidente, alcaldes y gobernadores.

Todo esto debe llevar a reflexionar y encontrar los caminos para la constitución de una nueva alternativa de poder que incorpore las fuerzas políticas, sociales y regionales comprometidas con el cambio social y la instauración de un régimen político democrático que hoy demandan el país y el conjunto de los ciudadanos que tienen la obligación moral y política de participar en unidad de acción, organización y movilización con todas las fuerzas del trabajo y de los sectores y clases sociales explotados, discriminados y excluidos del poder, en procura de lograr la construcción de una nueva sociedad más justa, equitativa e igualitaria para todos los colombianos.

VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL