Salario, precios y ganancias.

Por Luz Betty Jime… |

Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero

Existe una relación entre estos tres aspectos que afectan directa e indirectamente los intereses de los ciudadanos, que en lo fundamental viven y derivan sus ingresos de su trabajo, generador de la riqueza social que en las condiciones de la sociedad capitalista es considerado como una mercancía que se compra y se vende al mejor postor, en tanto que el salario no constituye más que el precio que se paga por la venta de la fuerza de trabajo y que en la práctica no le alcanza al trabajador para solventar sus necesidades más apremiantes y las de su familia.

En la actualidad la fijación de un salario mínimo único es objeto de la protección constitucional en varios países como en Colombia, a pesar de los intentos de algunos sectores económicos partidarios de suprimirlo o de disminuir su porcentaje en función de la actividad desempeñada o del sector económico dado, ya sea en la industria, agricultura o los servicios.

En el caso concreto de Colombia, anualmente se conforma una comisión integrada por el gobierno, los gremios y representantes de las centrales obreras para concertar el incremento del salario mínimo que poco oo nada contribuye a aliviar las cargas que soportan los trabajadores, derivadas del aumento de los precios de los productos, bienes y servicios, los impuestos, tasas y contribuciones que deben pagar y que crecen en dependencia de las fluctuaciones de la oferta y la demanda manipuladas por los grandes monopolios que abusan de su posición dominante en el mercado, tal como ha sucedido por ejemplo con la venta de papel higiénico, pañales desechables, etc., y del propio Estado en el caso del precio de los combustibles que finalmente se traslada a los usuarios del transporte.

De acuerdo con informes oficiales del Ministerio del Trabajo, el salario mínimo en Colombia se incrementó en un 4.6% equivalente a $28.350 mensuales, lo cual representa un poco más de US$11 mensuales y menos de 0.50 centavos de dólar diarios, en una economía en donde la producción nacional y la importación de bienes y servicios se ha dolarizado, mientras nuestra moneda se deprecia frente al dólar, generando aumentos desmesurados en los precios que afectan los presupuestos familiares de la mayoría del pueblo colombiano.

Simultáneamente con esta situación un grupo de individuos pertenecientes al gran capital financiero nacional e internacional, se lucran con la explotación económica del trabajo de miles de colombianos, a todo lo cual se suma un número creciente de altos funcionarios públicos que reciben sueldos y pensiones millonarios, en lo que puede calificarse como una muestra de inequidad y desigualdad social imperante en el país.

Frente a estas circunstancias se impone la obligación moral y política de protestar ante este estado de cosas que hoy se ha hecho más evidente y aberrante, no obstante la perorata gubernamental en torno al crecimiento de la economía, la reducción del desempleo, etc., matizadas con toda clase de promesas y augurios de prosperidad para el 2015, que como se sabe continuarán aumentando sustancialmente las ganancias de la élite gobernante, al tiempo que se ahondará el abismo entre ricos y pobres como consecuencia de una mayor concentración de la riqueza en pocas manos cuyos efectos negativos se reflejarán tarde o temprano en el deterioro del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores, sectores populares y medios de la población, que sufrirán con mayor rigor el peso del empobrecimiento y desmejora de su bienestar general.

De esta situación no se libran los caleños y vallecaucanos que en su gran mayoría están en la informalidad y el incremento del salario no mejorará su condición social y familiar, la cual se verá agravada aún más en la medida en que sus ingresos no les alcanzarán para pagar el impuesto predial y la contribución de valorización, que hoy se han traducido en mayor endeudamiento para los propietarios y poseedores de inmuebles en la ciudad, que además se convirtió en un factor expropiatorio de dichos bienes.

VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL.

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