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Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
Existen diversas formas de cambiar la correlación de fuerzas electorales ad portas de unas elecciones como las que tendrán lugar en el mes de Octubre para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles respectivamente.
Una de esas formas consiste en modificar las reglas de juego electoral en el que compiten conjuntamente las fuerzas políticas, particularmente de aquellas que se encuentran en oposición al régimen.
Para tal efecto y con el fin de afianzar el poder en las regiones y municipios el Presidente Santos se dispone con el concurso de la bancada mayoritaria del Congreso afecta al gobierno, derogar la ley de garantías electorales que restringe la acción de los mandatarios municipales y regionales para contratar directamente con el Estado, el cual a su vez contrata con particulares la ejecución de una serie de obras públicas a través de las cuales se irrigarán 5.2 billones de pesos del presupuesto nacional, en lo que se considera como un episodio más de la denominada distribución de la “mermelada” entre la clientela política en todo el país y con ocasión de la disputa política con el Uribismo y los sectores democráticos que aspiran conquistar algunos de los cargos de representación popular. Pero además, con dicha maniobra se busca contar con una fuerza mayoritaria que le permita al gobierno imponer su Referendo sobre los Acuerdos de la Habana.
Dicha iniciativa presidencial no solo tiene un carácter anti-democrático pues atenta contra la libre competencia electoral, sino que coloca al gobierno en una posición dominante frente a sus competidores, mientras éste monopoliza a la opinión pública en procura de resultados electorales que lo favorezcana expensas de la compra de conciencias auspiciada directa ó indirectamente por Alcaldes y gobernadores amigos del gobierno nacional.
Con el fin de ocultar el verdadero propósito de esta “maniobra electoral” el Presidente Santos ha salido a decir que con la eliminación de la ley de Garantías se estaría estimulando la economía al facilitar la contratación directa y los convenios inter-administrativos para la ejecución de obras prioritarias, que por supuesto quedarán inconclusas a escasos meses de terminar el mandato alcaldes y gobernadores, pero que sí alimentarán los bolsillos de muchos contratistas del Estado, al tiempo que estimularán la politiquería con fines electorales para beneficio del gobierno Santos.
Los sectores democráticos que participan en la contienda electoral deben denunciar ante la opinión pública los verdaderos propósitos de esta iniciativa que seguramente será aprobada en el Congreso de la República. En este caso habrá que decir que una de las instituciones más publicitadas por la democracia liberal como son las elecciones mediante las cuales se abren las compuertas del debate y la competencia electoral, en esta ocasión serán objeto del asalto premeditado de un gobierno que se dice respetar la Constitución y la ley pero que en la práctica pretende mediante la irrigación de cuantiosos recursos públicos distorsionar el libre juego democrático en cada uno de los municipios y regiones en donde se aspira a lograr un cambio con el advenimiento de nuevas fuerzas políticas que hoy aspiran construir una nueva sociedad en paz y con bienestar social las cuales serán colocadas en desigualdad de condiciones para competir frente a los alcaldes y gobernadores que dispondrán de recursos económicos y financieros para “aceitar” la campaña electoral.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la
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