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Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
Aunque la disminución de la cuota de amortización del billón de pesos que pagará EMCALI a la Nación por la PTAR ayudará un poco al flujo de su caja, la situación financiera, operativa de la empresa no se soluciona con la decisión del Ministerio de Hacienda de prorrogar a 24 años el plazo para cancelar dicha suma, generando un cuantioso pago de intereses que golpea las inversiones que necesariamente deben realizarse especialmente para reposiciones y extensión de las redes de acueducto y alcantarillado a lugares a los que aún no llega el servicio. Por supuesto que es preferible abonar 42 mil millones anuales a cien millones por concepto de capital como era lo establecido al devolver la empresa, no debiendo ser este el punto central de la discusión sino el hecho de que los intereses anuales son muy altos quedando la cuota en $109.000 millones anuales de $178.000 que era lo acordado, sobre todo tratándose de una obligación bastante cuestionada y del hecho de que la administración municipal nunca exigió a la Nación la reparación por los daños causados a la empresa con la intervención de la Superservicios, cuya función se limitó a pagarles a los acreedores bancarios y tenedores de bonos la deuda contraída por la nación.
Por otra parte, durante los 24 años que es el nuevo plazo que tendrá EMCALI para pagar la deuda, ésta tendrá que someter sus inversiones al visto bueno del gobierno nacional en lo atinente a la construcción de nuevas redes de acueducto y alcantarillado, limitándose con ello su autonomía e independencia para planificar y programar dichos desarrollos.
La administración Armitage ha manifestado el propósito de sacar adelante la empresa sin modificar su naturaleza jurídica ni privatizarla. La pregunta sobre ese enunciado ambiguo y gaseoso es de qué manera logrará su propósito, ya que durante su campaña electoral no descartó la posibilidad de contar con un socio estratégico, que proviniendo del sector público o privado exigirá tener su control y no asumir deudas de ninguna índole ni siquiera laborales.
En lo anterior puede estar la explicación del contenido del artículo segundo del proyecto de acuerdo facultando al alcalde para determinar la nueva estructura de la administración municipal, que dice: “Facúltese al Alcalde Municipal conforme a las normas legales vigentes sobre la estructura del Estado, determinar la vinculación o adscripción de las distintas entidades descentralizadas a la estructura de la Administración Municipal”. Si la intención no es crear, suprimir, fusionar, escindir ni transformar las entidades descentralizadas, para el caso de EMCALI y las otras entidades del Municipio ¿qué repercusiones financieras tendrá dicho artículo?
En primer lugar, el alcalde tendrá mayor poder sobre las mismas y en segundo lugar, los pasivos los asumiría directamente el Municipio de Cali, lo que significa, que lo pagarán los caleños y de esta manera los impuestos no se destinarían para suplir las necesidades de la ciudad y sus habitantes sino para el pago de la deuda, sufragándola por partida doble: a través de la factura como usuarios de los servicios públicos que presta EMCALI y como ciudadanos en lo relativo al impuesto predial y de industria y comercio.
Lo anterior, debe llevar a los caleños a elevar su voz para evitar de una parte, continuar pagando intereses a la nación manteniendo la empresa en estado de “semi-intervención” con una relativa autonomía y so pretexto de traer inversionistas como socios estratégicos de EMCALI, el Municipio es decir, los caleños, tengan que cancelar las multimillonarias deudas que aquella tiene, y por la otra, que el Concejo de Cali termine otorgando unas facultades extraordinarias pro témpore que será el camino para traer socios estratégicos en las condiciones anotadas.
De esta forma queda comprometido de una parte, el futuro de EMCALI que otrora fuera la empresa más importante del Sur Occidente colombiano y con su aporte se construyera la infraestructura de servicios que hoy difícilmente podrá acometer dado el estado de marchitamiento en que se encuentra, y de la otra, quedaría comprometido el futuro del municipio y sus finanzas.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
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