La libre competencia y los monopolios

Por Luz Betty Jimenez De Borrero  / Pablo A. Borrero V.

El ejercicio de la libre competencia en las condiciones de la sociedad capitalista conduce inexorablemente al enfrentamiento entre productores privados, motivados por su afán de obtener máximas ganancias derivadas del proceso de producción y venta de sus productos, bienes y servicios en el mercado.

En tales circunstancias la libre competencia opera como una fuerza externa que obliga a los empresarios y a sus organizaciones a elevar la productividad del trabajo en sus empresas, a ampliar la producción y a aumentar la acumulación del capital que conlleva a su concentración y centralización, dando lugar al surgimiento de los monopolios que terminan llevando a la ruina a sus competidores, que no cuentan con los recursos humanos y técnicos para competir en la producción y realización de sus mercancías.

Ahora bien, aunque la existencia de los monopolios o de las prácticas monopolistas constituye un fenómeno opuesto a la libre competencia, su objetivo no es suprimirla, en tanto la lucha competitiva se hace más enconada y destructiva incluso entre los monopolios de una misma rama de la producción ò de diferentes uniones monopolistas, en lo que podría calificarse como una “guerra de todos contra todos” y de la cual no se escapa el Estado monopolista, que unas veces se pliega a los monopolios privados y en otras ocasiones se les enfrenta con medidas regulatorias o sancionatorias tal como ha sucedido en nuestro caso con las decisiones tomadas por la Superintendencia de Comercio contra los carteles del azúcar, los pañales y probablemente el de los cuadernos.

Actualmente en el mundo capitalista globalizado los monopolios industriales y comerciales están ligados estrechamente con los monopolios bancarios, conformando lo que en la economía política se conoce como el capital financiero nacional e internacional representado por los grandes grupos económicos, conglomerados y transnacionales, los cuales se reparten los mercados, el capital y las ganancias de un sinnúmero de empresas no monopolizadas aumentando su poderío económico y político que se extiende a todos los niveles de la vida social permitiéndoles decidir sobre el rumbo de la política interior y exterior de los Estados, particularmente de aquellos en vía de desarrollo.

En el caso de nuestro país los monopolios aparecen ligados a la producción de bienes de consumo y a las actividades bancarias, comerciales y de servicios, en el marco de una economía cerrada y protegida por el Estado y a la vez atrasada y dependiente de otras economías. Es de anotar que dichos monopolios se fueron apoderando de un conjunto de empresas, incursionando en sectores claves de la producción, como el procesamiento del café, el azúcar, producción de alimentos para animales, chocolates, galletas, cervezas, cigarrillos, textiles, plaguicidas, llantas, automotores, transporte, servicios públicos, radio, televisión, internet, entre otros.

Con todo lo expuesto queremos significar que no obstante que en nuestro ordenamiento Constitucional se establece que la libre competencia es un derecho, su promoción y control por parte del Estado no han servido para impedir la proliferación de los monopolios y de las prácticas monopolistas cada vez mas sofisticadas, ni para evitar el daño que le causan a los consumidores, a quienes obligan a pagar altos precios por los productos, bienes y servicios que ofrecen en el mercado, a todo lo cual se suma el hecho de que buena parte de dichos monopolios eluden y/o evaden el pago de sus tributos al fisco nacional, a través del traslado de sus inmensas utilidades a sus filiales ubicadas en otras jurisdicciones o de los llamados paraísos fiscales adonde depositan sus ganancias, producto de la explotación económica del trabajo, de la especulación financiera y el abuso de su posición dominante en el mercado.

Así las cosas, no es cierto como lo plantean algunos ideólogos y economistas que la libre competencia constituye una garantía para el desarrollo empresarial y para la libertad económica de todos a competir en igualdad de condiciones en el mercado nacional, según se establece en el artículos 333 de la Constitución Política, cuyas prescripciones han sido rebasadas en la práctica por el imperio de los monopolios, grupos económicos, conglomerados o transnacionales, que hoy ocupan un lugar preponderante en la sociedad colombiana sumida en la desigualdad y la injusticia social por cuenta de la existencia de un régimen económico que privilegia dichas organizaciones.

Veeduria Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social