Alcalde: No más ilegalidades en vivienda

Decíamos que en el  Plan de Desarrollo “Una ciudad para todos” se ha comprometido Rodrigo Guerreo en unas metas ambiciosas. Una de ellas es el de ofrecer solución habitacional a 65 mil familias de escasos recursos económicos, sueño superior a las 45 mil viviendas ofrecidas en su programa de gobierno. Indudablemente que acompañamos tan importante reto, pero es nuestro deber informar que el compromiso es cumplible, siempre y cuando haya un cambio total en los procedimiento de su despacho y de la Secretaria de Vivienda. Al mismo tiempo reiterar que no se deben seguir realizando programas inmersos en tanta ilegalidad, como las ejecutadas en las 3 últimas administraciones municipales (Apolinar, Tafur y Ospina), veamos:

Potrero Grande fue un programa bandera de la Secretaria de Vivienda para los pobres de Cali y los reubicados del Jarillon del Rio Cauca, pero su tierra era :

Del Estado por ser de extinción de dominio y fue comprada con un precio exageradamente alto con avalúo de CAMACOL, en donde hubo un alto detrimento patrimonial que se le trasladó a los compradores de la vivienda, gracias a los subsidios de la Nación entregado por las Cajas de Compensación y del Municipio de Cali.

Adicionalmente se abusó del área de la vivienda con 37 m2 , violando el POT de la ciudad con el cuento de un “articulo” contenido en la ley del Plan de Desarrollo 2002- 2006. No hubo Concejo ni Alcalde que hiciera valer su competencia constitucional territorial, para fijar las normas municipales en cuanto a su ordenamiento territorial. Y para rematar la larga lista de inconveniencias de este proyecto, tenemos los precios finales de la vivienda, del orden de $1 millón el m2 en el rincón del Distrito de Aguablanca. ¡Qué vergüenza con el pueblo de Cali!

En los Talleres del Municipio desarrollaron un programa de vivienda sin concurso público, desconociendo precisamente que la ley 1151 del 2007 no permitía construir vivienda a los Municipios de un costo superior a 70 salarios mínimos, es decir $38 millones de hoy y allí se construyeron 420 viviendas entre $66 millones y $70 millones, originando a través de COMFENALCO viviendas de altísimo costo por m2, en estratos que precisamente no es deber legal de la Secretaría de Vivienda. ¡Qué pena con la clase media baja de Cali!

Santa Martha de los Caballeros en el Aguacatal fue otro programa de vivienda, con exagerados precios de tierra, construido ilegalmente pues sus vías no tenían pavimento para acceder al programa como lo ordena el POT y le tocó al Municipio asumir ésta obligación.

Pero la que reúne todas las ilegalidades es la urbanización Santa Helena, que le dará a la Secretaría de Vivienda  muchos problemas por servicios públicos, entre ellos agua y transporte. Gran parte de su tierra era del Municipio por su carácter ejidal, en terrenos con restricciones ambientales y con valores por m2 exagerados denunciados previamente por eméritos ciudadanos.

Obviamente la cadena de intermediarios originaron una vivienda pequeña de mala calidad, que es mitigada por los subsidios nacionales a través de Comfenalco, los subsidios municipales y hasta de desplazados, que producen valores aparentemente bajos, pero que cuando los créditos empiecen a crecer, vamos a encontrar la constante de la Secretaria de Vivienda: Cartera financiera impagable, alta y de dudosos recaudo. 

La ciudadanía se pregunta, donde están los gremios CAMACOL, CAMARA DE COMERCIO, SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS Y ASOCIACION DE INGENIEROS DEL VALLE para que todo pase y ellos no se dan cuenta. Donde están los organismos de control?. Porque las cajas de Compensación COMFANDI Y COMFENALCO se meten en programas ilegales e inconvenientes.

Por ello, el alcalde Rodrigo Guerrero y su Secretaria de Vivienda deben entender que la vivienda debe ser muy bien estudiada, socialmente ofrecida, a costos propios de la racionalidad urbana y no  como la Ministra de Vivienda Beatriz Uribe que viene a mover la locomotora y  recomendar  “densificación y POT”, cuando los problemas son otros.

Inicialmente se debe volver a los concursos públicos para los programas asociativos y así tener las mejores ofertas de vivienda en diseño, costo, calidad  y construcción. En segundo lugar proyectar vivienda unifamiliar para los estratos 1 y 2, por su cultura y capacidad de pago, lo que se logra impulsando programas de lotes con servicios para vivienda autodirigida. En tercer lugar acabar con tantísimos intermediarios en el proceso de ofrecer vivienda para que los subsidios le lleguen al adjudicatario final.

Pero la meta de las 65.000 viviendas no se logra, si no se dedica a defender el patrimonio público de los Caleños como son los ejidos como materia prima para la vivienda y es allí en donde puede utilizar el alcalde el liderazgo, claro sentido social y la cultura de la legalidad, para comprometer a los dueños de tierras que aun poseen estos predios.

Por ello, lo único  que decimos es Alcalde: No más ilegalidades en vivienda