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Por Arq. Felipe Velasquez Palacio
La semana pasada la Empresa Municipal de Renovación Urbana (EMRU) avanzó en la demolición de los predios de San Pascual y el Calvario. En medio de un gran desconcierto por la falta de socialización del proyecto, la renuncia de varios profesionales de la entidad, el hermetismo en la información y el abuso de autoridad por parte de funcionarios que no están atendiendo las indicaciones de varios expertos que argumentan que si no se hace una adecuada gestión social de la intervención Arquitectónica, el proyecto Ciudad Paraíso podría convertirse en una bomba de tiempo, que desencadenaría en una enorme crisis social en el corazón mismo de Cali, ampliando una problemática ya detectada y generando inseguridad y más violencia.
Hasta el momento y según algunos habitantes del Barrio de San Pascual, en los predios demolidos por la Empresa de Renovación Urbana de Cali han aparecido dos muertos. Los vecinos afirman que la forma por la cual la empresa ha llevado las negociaciones para el desalojo y la demolición han sido poco amables con la comunidad y lo más grave de todo es que no han contado ni cuentan con el apoyo ni la asesoría de expertos y entidades relacionadas con el apoyo a la comunidad para gestionar un plan mediante el cual se le puedan plantear oportunidades y alternativas a los vecinos que permitan que la renovación del Centro de Cali genere también una trasformación social.
Aprendiendo de casos cercanos como el de la Ciudad de Bogotá en donde el proceso de renovación urbana tomó un cauce mediante el cual se desplazó el problema de la calle del Cartucho al actual barrio del Bronx y el barrio Santa Fé, Cali debería aprender de los errores y evitar que la problemática del Barrio El Calvario se pueda desplazar también a los demás barrios aledaños aumentando el índice de delincuencia, violencia y delitos con acciones que la misma Alcaldía de Cali podría solucionar con simplemente voluntad y diálogo.
Otros fracasos internacionales en cuanto a renovación urbana sería el que se desarrolló en los años 60s en Ámsterdam, el Estado pretendió albergar a 100.000 ciudadanos en un barrio nuevo, pero al no tener en cuenta los proyectos y expectativas de vida de los vecinos la solución planteada terminó convirtiéndose en un problema para el Municipio. Lo más grave del caso de Cali es que en este momento la Alcaldía no cuenta con un proyecto o un plan de lo que van a hacer con los vecinos, hasta el momento se desconoce de donde van a salir los recursos públicos para solucionar el problema de los habitantes de la calle, el programa social cuenta con un presupuesto muy escaso para su desarrollo que de hecho no ha empezado a hacerse con la ciudadanía, según cuenta Fernando Pérez, líder del sector y habitante del barrio desde hace más 50 años.
La intervención actual del Centro de Cali se enfoca en el desarrollo de un lujoso Centro Comercial, en la zona donde actualmente la gente sobrevive apenas por unos centavos. Un proyecto que no ha sido socializado ni aprobado adecuadamente por la comunidad de vecinos y mucho menos por los Caleños, ¿Necesita Cali un Centro Comercial en el mismo Centro de la Ciudad?
35 empresas e inversionistas han depositado dinero en el proyecto y la entidad avanza en la demolición de los predios sin definir el futuro de ciudadanos que han vivido una de las realidades más escabrosas del continente y probablemente del mundo. Desde este punto de vista la denuncia apunta a que la EMRU está poniendo en riesgo el dinero privado depositado por los inversionistas y que esta actitud poco conciliadora con la comunidad, está generando un malestar en el barrio que poco a poco desencadenará en una bomba de tiempo donde personas que durante años han sido desatendidas por el Estado y la ciudad podrían llegar a tomar medidas poco ortodoxas frente a una problemática que tiene una salida muy clara desde la Administración Municipal. Mientras en el la mesa de negociación de la Habana Colombia y el Estado Nacional encuentra salidas concertadas para el postconflicto, en el Centro de Cali la Alcaldía Municipal crea barreras sociales que podrían desencadenar un conflicto en las narices mismas de la ciudadanía Caleña, con graves repercusiones para toda la ciudad.
La semana pasada la EMRU empezó a tumbar algunos predios y atropelladamente demolieron viviendas en donde había pertenencias de varios vecinos al interior de estas mismas. Esto derivó en robos y saqueos que han generado mucho malestar entre los vecinos. Actualmente hay niños y familias desatendidas durmiendo en la calle y en colchones.
El día de hoy no existe un verdadero plan social del proyecto, no hay presencia de una institución que pueda regular realmente la participación de los vecinos en el proyecto, incluso algunos ex funcionarios de la misma EMRU que renunciaron por falta de claridad frente al plan social en este momento se encuentran dispuestos a brindar apoyo al desarrollo de un plan social concertado con la comunidad. El presente escrito es un llamado a toda la ciudadanía a defender el patrimonio y los intereses de TODOS LOS CALEÑOS. A todos nos interesa saber e informarnos adecuadamente sobre el futuro de lo que va a pasar con el proyecto de San Pascual y el Calvario, no solo por que implica el proyecto de desarrollo urbano central más importante de nuestra ciudad, sino por que allí está comprometido el patrimonio de todos los ciudadanos, las garantías de una correcta intermediación de lo público y lo privado no están dadas bajo la visión que actualmente se está dando al proyecto y en este mismo orden de ideas los inversionistas están poniendo en riesgo su capital, los caleños estamos sentados en una bomba de tiempo social que podría estallar en cualquier momento, la Administración está atropellando a personas que viven en condiciones de extrema pobreza y en términos generales estamos ante el riesgo de convertir a Cali en territorio de nadie en donde priman los intereses de lo privado sobre lo público.
Los resultados económicos en cuanto a la renovación urbana darán la razón de que lo mejor que se puede hacer es trabajar con los vecinos y generar alianzas para la renovación. No caigamos en el mismo error de Bogotá.
