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El pasado jueves, los medios de comunicación y las redes sociales sin excepción pusieron contra la pared al Gobierno en cabeza del Presidente Santos y de sus Ministros de Justicia Esguerra, Interior Rengifo y ex-Interior hoy de Vivienda Vargas Lleras, por la equivocada e inconveniente reforma a la justicia.
Por Ramiro Varela Marmolejo
Ingeniero Civil de Univalle, MBA U. V., Director de Caliescribe, constructor, Ex -Congresista y Ex Concejal de Cali.
El rechazo permanente de la opinión nacional en 10 meses, no lo tuvieron en cuenta ni Santos y su Gobierno, ni la Corte Suprema de Justicia y menos los Congresistas
Pero el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia como responsables del caos institucional son los perdedores de una jornada antidemocrática, que no se produjo solamente en las 10 horas de la comisión de conciliación del texto de acto legislativo, sino que fue la manera obsesiva como el Gobierno complació a los Congresistas y Magistrados de altas Cortes con dádivas que nunca debieron estar en una reforma constitucional. Al mismo tiempo se excluyeron temas de la importancia del choque de trenes por las tutelas contra sentencias judiciales y la “justicia” para los ciudadanos de la calle. Por ello, ni en los mejores días de la caída de la extradición en el Congreso y de la séptima papeleta, se había logrado un consenso ciudadano de rechazo y el derrumbe a la política, pues ahora el problema es de todos los órganos del poder público.
El pecado de Santos: Trabajó solo con el país político.
Fueron 10 meses de estudio de la reforma, en que no hubo una dirección política y jurídica suficiente, con principios irrenunciables por parte del Gobierno representado por el entonces Ministro del Interior Germán Vargas, fundamentalmente se dedicó a sacar “cualquier reforma” a todo costo. A Santos no le importó el país nacional representado en juristas y columnistas de opinión, se dedicó a complacer a Magistrados y Congresistas, entregándoles a unos los beneficios de una reelección por 4 años, la ampliación inconstitucional de edad de retiro forzoso y dejándose manosear de los Senadores y Representantes para desvirtuar la Constitución del 91, con un estatuto del Congresista.
El rechazo permanente de la opinión nacional en 10 meses, no lo tuvieron en cuenta ni Santos y su Gobierno, ni la Corte Suprema de Justicia y menos los Congresistas, para que finalmente se rebosara la copa con una conciliación de los textos de Senado y Cámara inconveniente, ilegal e inconstitucional. Luego esa actitud abusiva y soberbia de los tres poderes, fue rechazada ampliamente por la opinión nacional, que originó ésta crisis institucional, que tendrá connotaciones hasta penales, por los procederes ilegales de los Congresistas, Magistrados y por supuesto el Gobierno.
Los responsables: Santos, Ministros, CSJ y Congresistas.
No someternos al vacio institucional en el que nos encontramos, con su salida de “objetar” la citada reforma, la que en un estado social de derecho es inaceptable
Indudablemente por más objeción inconstitucional al acto legislativo que se inventó tardíamente en la noche del jueves el Presidente Santos, es él el verdadero responsable del caos de la politiquería de los órganos del poder público. Todo por ausencia de liderazgo en principios, que no se podían renunciar y que permitió el sinnúmero de gabelas para los Congresistas y los Magistrados.
El Ministro Vargas Lleras no solamente ejerció como Ministro de Justicia, sino que estuvo como encargado de la cartera política hasta hace un mes y una semana, es decir, que vio pasar y aprobar 7 debates de la denominada reforma a la justicia, con muchos “micos” ampliamente rechazados por la opinión nacional. El Ministro Esguerra en 10 meses de trabajo no pudo coordinar un texto para hacerle la reforma a la justicia que el país necesita y se dedicó a concertar articulados inconvenientes. Esto le costó su renuncia irrevocable. El Ministro Rengifo demostró que no es la persona para gestionar proyectos en el Congreso, pues no tiene la jerarquía suficiente para momentos de crisis. También debe renunciar.
La Corte Suprema de Justicia no solamente con su silencio, borró 6 años de trabajo para acabar la “parapolítica”, sino que algunos de sus Magistrados cometieron el delito en tráfico de influencias con propuestas violatorias de la Constitución y la ley al proponer a “manteles” la ampliación de su periodo y de la edad de retiro forzoso para beneficio de las Cortes.
En el Congreso son cabeza de responsabilidad los Presidentes de Senado y Cámara Juan Manuel Corzo y Simón Gaviria, por haber apoyado este irregular proceso en sus 11 meses de liderazgo congresional, a pesar de que Senadores y Representantes destacados como Juan Lozano, Juan Manuel Galán, Miguel Gómez e Iván Cepeda votaron negativamente. Es decir, el Gobierno y los legisladores sabían anticipadamente lo que iba a pasar, pues así se lo anunciaron los 26 Congresistas que votaron en contra.
La “inconstitucional” decisión de Santos.
El Presidente no tuvo el olfato de ordenar el retiro del proyecto de acto legislativo en sus últimos 4 debates que se desarrollaron durante 4 meses, cuando ya se sabía que la reforma se había salido de cauce y había pruebas del “compadrazgo” entre la Corte y los Congresistas. Tuvo su última oportunidad en el octavo debate para no someternos al vacio institucional en el que nos encontramos, con su salida de “objetar” la citada reforma, la que en un estado social de derecho es inaceptable.
El derrumbe de los Partidos.
La Unidad Nacional acaba de fallecer, pues la gran mayoría de los Congresistas de los Partidos de la U, Conservador, Liberal y Cambio Radical son los ejecutores materiales de los “micos” contra la Constitución del 91. Ya el Polo Democrático se había derrumbado en Bogotá, no solamente con los hechos de corrupción ampliamente conocidos, sino con el atraso urbano de la Capital de la República en los 8 años de gobierno distrital.
La debacle del país político: La corrupción.
Los problemas de la política colombiana no son de hoy con la reforma a la justicia, es un problema estructural que no pudo enderezar la Constitución del 91, pues la gran mayoría de las Alcaldías, Gobernaciones, Concejos Municipales y Asambleas Departamentales, permanentemente viven profiriendo normas y actos administrativos inconvenientes e ilegales, que son arreglados “económica” ó “politiqueramente” con los organismos de control, con hechos de corrupción.
Caso Cali y Valle del Cauca, igual que todo el país.
El pasado Concejo y el presente, acompañados de los Alcaldes Ospina y Guerrero han proferido Acuerdos Municipales en contra vía de la Constitución y la ley como es el caso de la contribución de valorización para las 21 Megaobras, no solamente por inconvenientes, sino por violar los citados preceptos ampliamente denunciados en Caliescribe.
La pasada Asamblea Departamental y el Gobernador de turno al expedir la ordenanza que aprobó las vigencias futuras para un plan de obras superior a $600 mil millones, igualmente violaron los preceptos constitucionales y legales al no estar las obras en su Plan de Desarrollo, ni hacer parte de proyectos estratégicos del Departamento.
Igualmente en la mayoría de Municipios y Departamentos del país, se sabe que ésta práctica “omnipotente” e ilegal del mundo político y es desarrollada por la mayoría de nuestros gobernantes.
El voto en BLANCO.
La elección del Gobernador del Valle se convierte en el inicio de un modelo nacional para mejorar la política, rechazando a los Partidos políticos que sin excepción sacaron pésimos candidatos para orientar los destinos del Departamento. El próximo 1 de julio, los Colombianos van a estar muy pendientes de lo que pase en el Valle del Cauca y si por primera vez en la historia de un Departamento, gana el voto en blanco, las siguientes elecciones a lo largo y ancho del país podrían generar el rechazo a la política. De esta manera se le daría un golpe de opinión, jurídico y político a la actual dirigencia que nos gobierna, para poder orientar al país en el camino correcto.
Igualmente el próximo Congreso de la República debe ser revocado en las urnas con el voto en blanco, sería el castigo al país político que nos permita mejorar nuestro modelo de desarrollo, centrado equivocadamente en acabar con el medioambiente, en beneficio del gran capital con una mayor desigualdad social.
Referendo revocatorio
Caliescribe se suma abiertamente a la campaña del voto en blanco en las próximas elecciones para Gobernador del Valle del Cauca y para el Congreso de la República
Es una medida necesaria, pero no suficiente; los ciudadanos debemos apoyarlo como iniciativa popular, sin que sea utilizado por Partido político alguno, que directamente la sociedad civil lo lidere para catapultar la mala práctica política. Si la actual crisis no nos sirve para acompañar medidas constitucionales del constituyente primario al votar en blanco, seguimos en lo mismo. La elección del Congreso también debe servir para revocar a sus actuales miembros, y no nos pase lo mismo que con la Constitución del 91, que quedaron los mismos con las mismas.
Caliescribe se suma abiertamente a la campaña del voto en blanco en las próximas elecciones para Gobernador del Valle del Cauca y para el Congreso de la Repúblicaque se va a llegar a cabo dentro de 1 año y 8 meses. Así mismo hará parte activa en las redes sociales del referendo que revoque el acto legislativo de la mal llamada reforma a la justicia.
