- Inicie sesión o registrese para enviar comentarios
Por Luis Hernán Ocampo
Como se esperaba, el mes de campaña de plebiscito para votar por el Sí o el No a los acuerdos, iba a convertirse en el ambiente de polarización más fiero en la historia reciente del país. Pero ¿era necesario llevar el país a este ambiente?. Soy de los que piensa que no. El Presidente Juan Manuel Santos se equivocó, y bastante, al convocar un plebiscito para votar los acuerdos en la Habana, recurriendo, con la falsa modestia que lo caracteriza, a decir que lo hacía así porque él era un demócrata. Falso!. Si fuera un demócrata no hubiera caído a la vía de la democracia plebiscitaria para refrendar los acuerdos.
Tuve la oportunidad de trabajar 5 años en las comisiones primeras de Cámara y Senado, que son las que tratan los temas constitucionales. Una de las grandes enseñanzas que me dejó trabajar allí, fue entender que uno de los principales valores de la Democracia es garantizar los derechos de las minorías y por tanto estos no se deben someter a votaciones plebiscitarias.
Desde esa perspectiva, no me cabe duda que así fuera una minoría la que estuviera de acuerdo con los acuerdo en la Habana, el derecho a la paz como derecho fundamental, debe ser garantizado por el Estado. Si volteamos la mesa, desde la perspectiva de las víctimas de las Farc, en caso de ser estas la minoría, también se les debe garantizar verdad, justicia y reparación por sus muertos.
Eso fue lo que trató de hacer la Corte Constitucional al examinar y moderar la Ley de Justicia y Paz, que fue el marco de justicia transicional creado para los paramilitares y sus víctimas, que en principio sacrificaba mucho del derecho a la verdad y a la reparación.
Así las cosas, considero que el camino de los acuerdos en la Habana era haber pasado a la firma directa del Presidente de la República, y de ahí a su revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, para que así, tal como se hizo con Justicia y Paz, se determinara el modelo de justicia transicional que se debe aplicar a los guerrilleros. La otra vía era convocar al pueblo a votar la conformación de una Asamblea Constituyente para que este eligiera unos constituyentes, incluidos miembros de las FARC, que discutieran y aprobaran la inclusión en la Constitución los acuerdos de la Habana o parte de estos.
Si gana el SI, eso tampoco debe significar que las víctimas de las FARC deban renunciar a pedir el máximo de justicia por sus muertos, y quedarse con que sus victimarios van a poder ser congresistas de lunes a jueves, dormir en una granja de noche y sembrar lechugas de viernes a domingo.
Pienso que sí gana el NO el próximo 2 de octubre, el camino que debe tomar el Gobierno en su deber de garantizar el derecho a la paz de los que hipotéticamente perdieran ese día, es enviar los acuerdos firmados a la Corte para que esta les haga el control de Constitucionalidad. Sobre qué tanto apruebe o rechace la Corte de lo que se acordó en la Habana, eso ya es otra historia, como ya dije arriba, ya vivimos esa situación con la Justicia y Paz de los paramilitares, que de no ser por la Corte, habría sido una ley de perdón y olvido.
Creo que la Corte Constitucional, cuando entre a estudiar las leyes de implementación de los acuerdos, va a modular todas esas disposiciones y los hará pagar con pena privativa de la libertad, así sea reducida pero sin derechos políticos, por lo menos mientras pagan su condena. El primer aviso de que esto va a ser así, está en la Sentencia que declaró la exequibilidad del plebiscito, cuando resaltó que lo que avalaban era que el pueblo se pronunciara sobre si estaba o no de acuerdo con lo pactado entre el Gobierno Santos y las FARC, no que tales acuerdos quedarían inmediatamente incorporados a nuestro ordenamiento constitucional al ganar el Sí. En otras palabras, la Corte reclamó su competencia en la revisión de los acuerdos.
Pero si la Corte cambia su jurisprudencia, con relación a la que emitió para modular Justicia y Paz, pues creo que todas las víctimas de las FARC se deben unir para solicitar sus derechos ante tribunales internacionales, incluso el máximo, la Corte Penal Internacional. De esta forma me reafirmo, esta polarización y este plebiscito eran innecesarios, pues sus resultados no podrán limitar el derecho fundamental a la paz, como tampoco a la Justicia, el tiempo dirá.
