Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Siempre hemos dicho que los funcionarios públicos y en particular quienes actúan como mandatarios del pueblo están en la obligación no solo de representar a sus electores sino de atender a todos los ciudadanos que integran la comunidad y que a su vez demandan de los gobiernos la necesidad de que se creen las condiciones esenciales para la convivencia social.
Para ello la Constitución y la ley les exigen a los alcaldes y gobernadores elaborar conjuntamente con su equipo de gobierno un plan de desarrollo que debe ser ejecutado durante sus mandatos en interés de toda la comunidad. Sin embargo en la mayoría de las veces dicho plan no se cumple en lo fundamental o se reduce a la construcción de una serie de proyectos que poco o nada tienen que ver con las necesidades e intereses prioritarios de los ciudadanos, en tanto que sí aparece definido el afán de contratar una serie de obras de infraestructura tal como ha sucedido en este caso con las que se construirán en la ciudad de Cali bajo el disfraz de la defensa del interés social, ambiental y de la seguridad de los ciudadanos.
En esta ocasión se trata de la construcción por cuenta del departamento de una estación de policía en el distrito de Aguablanca con la cual se supone podrá recuperarse la seguridad en dicho sector, la cual será financiada con la onerosa sobretasa a la seguridad aprobada por la Asamblea Departamental en un afán centralizador que deja por fuera a otros municipios que como Buenaventura, Palmira, Tuluá, Jamundí, etc., atraviesan por una situación crítica en materia de seguridad.
De otra parte el gobierno municipal se propone construir un puesto de policía en el sector de los Farallones destinado a combatir la minería ilegal en una zona en donde además tiene lugar la explotación minera artesanal que realizan vastos sectores de la población que tradicionalmente han vivido de la misma y que seguramente se verán hostigados por la fuerza pública. Desde luego de lo que se trata en este caso es de hacer compatibles dicha actividad con la defensa del medio natural que debe ser preservado y protegido por las autoridades.
Por otro lado, no pueden faltar las improvisaciones en materia de ejecución de ciertas obras que como la del corredor verde sobre la carrera octava, no solo se encuentra retrasada en su ejecución sino que ya genera de por sí sobrecostos que se pretenden cubrir con adiciones presupuestales derivadas de los impuestos que pagan los contribuyentes y que más bien deberían ser utilizados en otros aspectos que tradicionalmente han sido desatendidos por los alcaldes como son la pavimentación de las calles y renovación de las obsoletas redes de servicios públicos de los barrios de la ciudad.
Todo esto para concluir que la actual gestión gubernamental deja mucho que desear en cuanto a la satisfacción del interés general, en lo que corresponde a la dirección, administración, control y vigilancia de los asuntos del Estado y de la sociedad en cabeza de unos funcionarios que no tienen vocación de servicio público y solo los anima la posibilidad de incrementar la contratación oficial, las nóminas paralelas y las alianzas público privadas para garantizar la continuidad de los negocios y su reproducción en el poder.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social