Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
A propósito de la declaratoria del Estado de excepción decretado por el presidente Duque, la pregunta que cabe hacerse es si con las medidas económicas decretadas se podrán garantizar aspectos tales como la continuidad y mantenimiento del proceso de la producción de bienes y servicios en todo el país y con ello el empleo de cientos de trabajadores, al igual que la atención a los sectores mas vulnerables de la población y los costos que demanda el sistema de salud, que tendrán que utilizarse para contener los efectos perniciosos del COVID-19.
Así mismo habrá que preguntarse si efectivamente el costo de la emergencia económica, social y ecológica saldrá del ahorro público de los colombianos depositado entre otros, en los fondos correspondientes a las cesantías y pensiones que el gobierno se dispone utilizar en este caso a título de préstamo para conjurar los efectos de la calamidad pública por la que atraviesa el país, en tanto que no vemos que el gran capital financiero se haya manifestado al respecto con aportes significativos en respuesta a la situación que viven los ciudadanos y como un acto de solidaridad con el pueblo colombiano y en especial con los trabajadores que laboran en sus empresas en donde se crea la riqueza social.
Y de ahí que no comportamos las sugerencias de algunos sectores económicos y gubernamentales que aunque plantean la necesidad de preservar el empleo, son partidarios de enviar a vacaciones no remuneradas a los trabajadores o concederles permisos especiales de carácter temporal o convenir una nueva negociación de las condiciones laborales, con lo cual los trabajadores que constituyen el eslabón mas débil de la relación contractual se verán obligados a aceptar dichas condiciones ante la posibilidad de terminación del contrato de trabajo con el beneplácito del Ministerio del ramo.
Estos interrogantes suscitan una serie de inquietudes en gran parte debido a la situación económica por la que atraviesan las finanzas del Estado y la crisis de los precios del petróleo, ligados a una posible recesión en todo el mundo capitalista globalizado afectado por el COVID-19, lo que complicaría aún más el panorama económico y social del país, en razón de su dependencia del comercio internacional y el déficit de la balanza comercial y de pagos.
Aunque en algunos sectores económicos se han recibido con beneplácito las medidas adoptadas por el gobierno y en especial a manera de alivio financiero para personas y empresas de diferente tamaño, todo se reducirá a lograr un aplazamiento del pago de los créditos que mas adelante tendrán que ser refinanciados aumentándose su valor.
Por su parte con la eliminación del IVA para la importación de productos y tecnologías para la salud no se reducirán sustancialmente sus costos en tanto los precios de dichos bienes y servicios continuarán estando por fuera del alcance de los sectores populares y medios de la población como quiera que su control y manejo se encuentran mediatizados por los grandes laboratorios y farmacéuticas que ejercen una posición dominante en el mercado.
De otro lado la declaración del actual ministro de vivienda en el sentido de que en todo el país existe un millón de usuarios que fueron desconectados del servicio público de agua por falta de pago y a los cuales se les reconectará dicho servicio, no solo demuestra el grado de pobreza de tantos colombianos, sino del hecho de que corren el riesgo de contraer más fácilmente el COVID 19. Con todo, dichos compatriotas no quedarán exentos de pagar en el inmediato futuro sus abultadas deudas por este servicio.
La situación anterior nos debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de introducir una reforma constitucional en la que se establezca que el servicio público del agua para el consumo humano tiene que ser un derecho fundamental de carácter gratuito para todos los colombianos sin distinción de clase o grupo social al que pertenezcan, garantizado por el Estado en todo el territorio nacional.
Por encima de la retórica gubernamental mediante la cual se exaltan ciertos propósitos dirigidos a lograr el bienestar de la comunidad, el impacto del COVID-19 en la vida de los ciudadanos ha dejado en claro la fragilidad del sistema social, siendo el Estado Colombiano su eslabón mas débil, al tiempo que no tiene una vigorosa política de sanidad cuyo control y manejo se le salió de las manos al gobierno en medio de los discursos y la falta de eficiencia y eficacia de las autoridades que en algunos casos no aplicaron debidamente las medidas de control respectivas y en otros, lo hicieron a destiempo cuando ya había sido invadido el país por el virus patógeno.
La decisión de traer de China a un número de compatriotas entre diplomáticos y personas que estaban trabajando o estudiando en dicho país, es un hecho que debió repetirse con otros ciudadanos colombianos dispuestos a regresar a Colombia y con los cuales se ha tenido un trato discriminatorio e insolidario. Pero además, mientras que los repatriados fueron sometidos a una cuarentena de 14 días para evitar potenciales contagios a otras personas, las autoridades aeroportuarias no ejercieron los controles debidos para impedir que nacionales y extranjeros que diariamente llegaban al país introdujeran el virus COVID-19, omisión ésta que trajo como consecuencia la expansión del virus al interior del país.
Esta experiencia debe servir para reformar el sistema de salud de manera que permita resolver a la mayor brevedad posible los retos que se plantean con la aparición de epidemias y pandemias.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social