Mario Germán Fernández de Soto
Siempre he creído que en Colombia, nos están afectando por igual las guerras del campo y las guerras que libramos a diario contra delincuencia común, en las ciudades. Las del campo, eran protagonizadas por un grupo terrorista. Y hoy, por otro similar que ya no vuela oleoductos, pero que secuestra con más selectividad para presionar lo que sus similares están logrando. De allí que siga insistiendo con NO MÁS FARC Y NO MÁS ELN. Igual de cruentas que las del campo, son las guerras de las ciudades. Según el Informe Forensis 2016, de Medicina Legal y el Centro de Referencia Nacional sobre la Violencia, que se publicó este miércoles 12 de julio, “esas otras violencias (ya no relacionadas con el conflicto armado), están ligadas más a conflictos sociales, delincuencia común y a las dinámicas propias del crimen organizado y las economías criminales que mutan y cada vez tienen un mayor impacto en lo local”.
Sumado a esto, la Fiscalía reveló que de cada 10 hechos violentos en el país, en el cual muere al menos una persona, por lo menos ocho se suceden en las grandes urbes. Es decir, que en la nueva guerra urbana, pareciera inminente el triunfo de los delincuentes. La prueba más evidente de este hecho lo vivimos en la cotidianidad, cuando vemos las imágenes de hombres armados hasta con martillos, rompiendo los vidrios de seguridad de las joyerías y el comercio organizado, mientras son custodiados, pistola en mano, por sus compinches.
Es de tal magnitud el impacto de los grupos delincuenciales en las ciudades, que incluso ya se han creado secretarías dedicadas solo al tema de la seguridad, pese a que, en el orden nacional, el gobierno de Juan Manuel Santos no sostuvo para su segundo periodo presidencial, la Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia Ciudadana que, con tanto acierto orientó el vallecaucano Francisco José Lloreda, implementando un programa piloto para las 24 ciudades con mayores problemas de delincuencia, en las que al final se adoptaron medidas, no necesariamente policivas, pero sí, buscando darle prioridad a la prevención y la atención social.
De la iniciativa de ‘Kiko’ Lloreda surgieron propuestas como la atención a la Primera Infancia y el desarrollo de infraestructura social para el mejoramiento de entornos urbanos, lo cual contribuye reconstruir el tejido social y crear ciudadanía, retomando el sentido de pertenencia. Los Centros de Integración Ciudadana, CIC y los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, se levantan hoy en sectores neurálgicos de ciudades como Palmira, considerada, hasta hace poco, una como de las más afectadas por hechos de violencia. Propongo, entonces, revivir la figura del Alto Consejero para la Seguridad y la Convivencia.
En el Valle es necesario que seamos más duros con la causas del delito que, sin lugar a dudas es un tema de prevención social y trabajo con la comunidad. Este objetivo, acompañado por una Reforma a la Justicia, debe incluir la aplicación de tecnologías para disuadir a los delincuentes, porque, día a día, el delito evoluciona, es más sofisticado y hasta trasnacional, como sucede con la venta en Ecuador, Perú y Venezuela de los celulares robados en Colombia. Pero para que haya intervención estatal exitosa, también es necesario contar con el apoyo de la denuncia ciudadana y hacer de la cultura de la seguridad un estilo de vida, lo cual no significa, no dar ‘papaya’, como jocosamente lo propuso el alcalde de Cali, si no adoptar un comportamiento preventivo frente a la inseguridad integral.
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