Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
“Pasada la tempestad viene la calma” reza el adagio popular, el cual tiende a reflejarse con la lenta y desigual recuperación de la economía del país, al tiempo que comienza a conocerse quienes son sus beneficiarios y quienes sucumbieron en medio de la crisis económica y sanitaria con el cierre definitivo de sus empresas y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo que difícilmente podrán recuperarse en el futuro inmediato.
La experiencia práctica e histórica han mostrado que aunque la crisis actual difiere de alguna manera de aquellas que caracterizan al sistema capitalista, en razón del impacto provocado por la pandemia del coronavirus, el hecho real es que los grandes empresarios se han aprovechado de la crisis y del desempleo para reducir los salarios de los trabajadores e intensificar la jornada de trabajo, empeorando así las condiciones laborales de aquellos, en tanto que el gran capital financiero nacional e internacional se apresta a ampliar la producción de toda clase de productos, bienes y servicios para obtener pingues ganancias en medio de la competencia y de la anarquía de la producción. Para tal efecto se disponen a renovar su capital e introducir nuevas tecnologías con el fin de recuperar la economía y alcanzar los niveles de producción anteriores, lo que por supuesto no impedirá para que en el futuro se produzca una nueva crisis que traiga consigo una contracción de la demanda de bienes de consumo de los hogares, la cual se deriva de la reducción de los ingresos de las familias en virtud del desempleo y la informalidad existentes.
Aunque el gobierno del presidente Duque a través de sus mensajes televisivos anuncia que la economía del país se está recuperando con la apertura de las empresas y “la disminución de la tasa de desempleo”, dicha recuperación tiene un carácter muy limitado en cuanto a la demanda interna de bienes y servicios, en tanto que las exportaciones han disminuido sustancialmente y la campaña de “compra colombiano” no ha tenido éxito en general.
Por otra parte, el gobierno tomó la decisión de endeudarse con el fin – según se dice- de cumplir con el propósito de recuperar la economía, apelando para ello a las viejas recetas del Keynesianismo norteamericano que contemplan la necesidad de realizar grandes inversiones de capital y de gasto gubernamental, que tan solo benefician a los grandes empresarios, comerciantes y banqueros afectos al régimen político. De esta manera se crea la ilusión de que con el crecimiento de un número porcentual de trabajadores vinculados a la producción y a la economía de los servicios, crecerán también los ingresos de los trabajadores, aliviándose la carga que pagarán por el incremento de los impuestos y los altos costos de la canasta familiar.
No faltan algunos economistas y ex ministros de hacienda que le recomiendan al gobierno la necesidad de contraer cuanto antes nuevos empréstitos con la banca internacional, lo que sumado a la inmensa deuda pública aumentará ilimitadamente el déficit presupuestal; no descartándose la posibilidad de recurrir a una “inflación moderada” con la emisión de papel moneda para cubrir los gastos del Estado y buscando la forma de justificar las propuestas de reforma Tributaria que aumentarán la carga impositiva sobre los sectores que en lo fundamental viven de su trabajo y que con la crisis económica se empobrecieron bajando de estrato social al cual habían ascendido en los últimos tiempos.
Entretanto todas las políticas públicas del gobierno están encaminadas a fortalecer con los empréstitos a los monopolios que a la postre se convierten en los grandes beneficiarios de la reapertura económica, generándose una aparente estabilidad que se refleja en la vida política e institucional del país, pero que sin embargo muy poco le servirá a la población de las regiones en donde ha sido mas profunda la crisis económica, sanitaria, financiera y fiscal.
La idea de que con la reapertura económica se mejorará la situación de miles de trabajadores, empleados, profesionales independientes, técnicos, etc., es contraria a la realidad económica y social y en particular a la situación que se vive en Colombia, en donde se advierte un empeoramiento de las condiciones de trabajo y desarrollo de la producción que se intensifica con la dependencia del Estado colombiano del gran capital financiero nacional e internacional asentado en las organizaciones internacionales como la OMC, el Banco Mundial, El Fondo Monetaria Internacional y la Ocde, en donde se trazan las políticas a seguir en materia de crecimiento económico e intercambio comercial.
A todo lo anterior se suma la actitud que asumen algunos sectores económicos y políticos con la implementación de políticas proteccionistas de corte nacionalista o neoliberales y populistas, que al acceder al poder del Estado obtienen parcial y temporalmente algunos beneficios en favor de los ciudadanos, sin que con ello se pretendan realizar cambios estructurales y funcionales del sistema capitalista, y sin que puedan evitar el declive de dicho régimen, ni el creciente desarrollo desigual económico y social entre aquellos países desarrollados y los emergentes, con los cuales no comparten sus ganancias ni su tecnología, lo que resulta evidente en las actuales condiciones y circunstancias en que transcurre el proceso de transformación que vive la sociedad.
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