Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
concluye que tan solo el 52% de las obras se terminaron con costos muy superiores a los estimados inicialmente
En medio de una verdadera paradoja el alcalde Armitage exige en la actualidad el pago de lo no debido de las 21 mega obras por la vía coactiva, obras estas que en el pasado, otras administraciones comenzaban a ejecutar sin que existieran los estudios previos ni los diseños definitivos como tampoco los estudios socio económicos de los contribuyentes cuyos predios resultaban afectados con el cobro de la contribución de valorización. De este hecho es consciente el señor Personero municipal que en un informe fechado el 26 de julio concluye que tan solo el 52% de las obras se terminaron con costos muy superiores a los estimados inicialmente, amén de las obras inconclusas y abandonadas por los contratistas o cuya ejecución resultó incierta tal como sucede en la actualidad con la vía de la Portada al mar. Circunstancias estas que no fueron analizadas y valoradas suficientemente en el citado informe en lo que corresponde a la responsabilidad de las administraciones anteriores que incumplieron con la ejecución oportuna de las mismas.
Por supuesto que lo ocurrido con la no ejecución de la totalidad de las 21 mega obras no constituye un hecho casual ni tampoco obedeció a la construcción de una imagen de desconfianza difundida a través de los medios de comunicación generada con la estructuración y aprobación de las obras, según se da a entender en el citado informe. Lo cierto es que los ciudadanos en general consideraron desde un principio que el plan adolecía de vicios de ilegalidad y resultaba inconveniente para la ciudad, lo cual se pudo comprobar con el transcurso del tiempo, en tanto que los objetivos del plan en materia por ejemplo, de mejoramiento de la movilidad no se cumplieron al igual que sucedió con la construcción del famoso túnel de la Avenida Colombia destinado agilizar el tráfico automotor y que por el contrario congestionó aun más el centro tradicional de la ciudad que quedó embotellado por todos sus costados. Así mismo sucedió con la construcción de la plaza Jairo Varela concebida en el futuro inmediato como un centro de reunión de la caleñidad que hoy no cumple con dicho cometido.
No obstante lo anterior, desde la Personería se aboga por recuperar la confianza en el plan de las 21 mega obras, para lo cual se dice en el informe que hay que utilizar la “publicidad” e involucrar a las comunidades en la valoración de los beneficios del plan que según se dice ha mejorado la ciudad.
Al respecto no hay que olvidar que para la fecha de aprobación e iniciación de las obras la administración de la época destinó grandes sumas del presupuesto municipal para publicitarlas en diferentes medios de comunicación, que de manera sistemática repetían como si fueran letanías los supuestos beneficios que traerían para la ciudad y sus habitantes.
Desde la Veeduría que representamos consideramos que las diferentes administraciones que tuvieron que ver con la aprobación y ejecución de las obras, no solo actuaron de manera improvisada e inconsulta, sino que además transgredieron el orden jurídico y las normas reglamentarias de la contribución de valorización, generando con ello graves perjuicios para la ciudad y los contribuyentes, a quienes se les impuso la obligación de pagar un gravamen que hoy el alcalde Armitage quiere hacer efectivo por la vía coactiva, en un acto de aparente legalidad que ha sido demandado ante la justicia administrativa.
la administración que sacó al cobro la contribución de valorización no ejecutó la totalidad de las obras dentro de los plazos exigidos por la ley y los acuerdos respectivos
En este sentido no compartimos las determinaciones del alcalde ni las conclusiones y recomendaciones del señor Personero, al tiempo que insistimos en los siguientes puntos: Primero: Al imponerse el cobro de la contribución de valorización por beneficio general y no por beneficio económico, se transgredió la normatividad aplicable exclusivamente a los propietarios de predios que reciben dicho beneficio económico de manera directa o indirecta por encontrarse dentro de las zonas de influencia del predio afectado que se define con las resoluciones del cobro respectivo. En este caso se cobró ilegalmente la totalidad de las obras a todos los propietarios de predios en la ciudad con el argumento falaz de que las obras beneficiarían a todos en general. Segundo: la administración que sacó al cobro la contribución de valorización no ejecutó la totalidad de las obras dentro de los plazos exigidos por la ley y los acuerdos respectivos, ya que por el contrario lo amplió arbitrariamente con la connivencia del Concejo Municipal, cuando lo que se debió hacer era proceder a reliquidar el valor de la contribución con base en las obras ejecutadas, devolviéndole el saldo a los contribuyentes que pagaron el total de las mismas. Tercero: la iniciación del cobro de la contribución de valorización por la vía coactiva del total de las obras que no se construyeron, constituye un abuso del derecho que linda con la extralimitación en el ejercicio de las funciones del alcalde, aun más cuando dicha posibilidad se agotó con la prescripción de las acreencias en favor del municipio de conformidad con la ley tributaria.
y no como finalmente ocurrió en el caso de las 21 megaobras aprobadas y ejecutadas con violación del principio de legalidad y las garantías de los derechos de los contribuyentes
Lo anterior debe llevar a la reflexión de los ciudadanos sobre la manera como las autoridades municipales (alcaldes, concejales y funcionarios encargados del control) muy poco o nada hacen para ejercer eficazmente sus funciones administrativas y de control de la gestión pública acordes con los intereses generales y los principios de la igualdad, legalidad, moralidad en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho que obliga a todos los funcionarios públicos a realizar aquellos actos que conforme a la Constitución y a la ley les está permitido y no como finalmente ocurrió en el caso de las 21 megaobras aprobadas y ejecutadas con violación del principio de legalidad y las garantías de los derechos de los contribuyentes y ciudadanos en general.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social