Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Mientras los colombianos han recibido con beneplácito la terminación del conflicto armado con las FARC-EP hoy convertidas en partido político legalizado por el Concejo Nacional electoral y se aspira a resolver el conflicto con el ELN, el gobierno del presidente Santos ha decidido atizar nuevos conflictos con diversos sectores sociales y políticos, que han empezado a desencadenar un conjunto de violencias, que sin duda alguna afectarán la construcción de la paz y la convivencia social.
En esta ocasión el gobierno ha decidido emprenderla contra los pequeños cultivadores de coca, a quienes se les ofrece despenalizar de manera condicionada dicha actividad ilícita y al mismo tiempo se les reprime brutalmente tal como sucedió en Tumaco y continúa pasando en otras regiones del país.
Así mismo el Estado ha resuelto utilizar la fuerza policial para reprimir la población indígena que reclama el derecho a ocupar sus tierras ancestrales, hoy en cabeza de grandes terratenientes y ganaderos quienes exhiben títulos de propiedad basados en una aparente legalidad. En este momento la fuerza pública es utilizada para reprimir la movilización de más de cien mil indígenas pertenecientes a diferentes resguardos en los departamentos de Huila, Cauca, Valle, Risaralda y Antioquia que marchan exigiendo la presencia de los funcionarios del gobierno con quienes están dispuestos a negociar y exigir garantías para la vida de sus dirigentes y respeto de sus derechos humanos.
Por otra parte el gobierno ha ordenado bombardear a los grupos armados de delincuentes y disidentes de la antigua insurgencia de las FARC sin tener en cuenta que en dichos territorios habitan sectores campesinos dedicados a los cultivos ilícitos que en este momento también protestan contra su erradicación forzosa la cual se realiza en cumplimiento de las metas acordadas por el gobierno, en tanto que la sustitución voluntaria no avanza lo suficiente haciendo más difícil el proceso de erradicación definido en los acuerdos de La Habana. Por supuesto que tales procedimientos poco o nada ayudarán a combatir el narcotráfico y a disminuir las áreas sembradas de coca que según estimativos ascienden a casi 250 mil hectáreas. Lo grave de todo esto es que de persistir en la erradicación forzosa se corre el riesgo de que se intensifique la violencia con graves consecuencias y repercusiones para todo el país.
La alternativa a esta situación por demás difícil y compleja pasa necesariamente por el cumplimiento de los acuerdos de La Habana que conllevan a una gran reforma agraria integral que garantice una distribución equitativa de la tierra y un uso y aprovechamiento eficiente de la misma, la creación de nuevas oportunidades de trabajo y capacitación de los campesinos, el desarrollo de nuevas tecnologías para el incremento de la productividad del trabajo, la construcción de una infraestructura física que permita interconectar el campo con la ciudad, todo ello dirigido a producir y estimular el desarrollo agropecuario, agroindustrial, y de producción de alimentos con destino al mercado interno e internacional.
A todos estos conflictos se suma el derivado de la confrontación política electoral que hoy tiene al país dividido en torno al proceso de paz y a la forma como el gobierno viene eludiendo su responsabilidad política en la solución de los problemas que aquejan al país y que tienen que ver con diversos aspectos de la vida económica, política y social. Un ejemplo de esta circunstancia lo constituye la crisis de la justicia respecto de la cual el propio presidente Santos ha expresado que no presentará ningún proyecto de reforma estructural, al tiempo que insiste en lograr que incluyan a Colombia en el club de los países ricos OCDE, como si con ello se pudiera resolver los problemas de la pobreza, la desigualdad social, el pobre crecimiento económico y la posibilidad de recuperar la productividad del trabajo y la competitividad de la economía.
Los ciudadanos deberán reflexionar más sobre los anteriores aspectos y comprometerse con la apuesta de la paz con justicia social como la mejor alternativa política y social frente a la posibilidad de que se reinicien nuevos conflictos que hagan nugatoria la realidad de la paz por encima de las confrontaciones y los enfrentamientos entre los diversos sectores políticos y sociales que hoy caracterizan el acontecer histórico de nuestra sociedad.
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